La libertad de prensa como derecho y las condiciones para poder ejercerlo son dos elementos fundamentales para hablar de democracia.
Por ello, es necesario hacer un balance de lo que está sucediendo en el país y analizar los ataques a periodistas y medios que incomodan, que están diciendo la verdad, que están revelando las descaradas redes y prácticas de corrupción, así como los abusos del ejercicio del poder.
El problema no está necesariamente en la primera dimensión, porque ese derecho está contemplado en nuestra legislación, sino que el problema aparece al momento de su ejercicio. La alianza oficialista que tiene cooptadas las instituciones de justicia e investigación está instrumentalizando a las instituciones para perseguir a medios y periodistas que incomodan al poder.
En estos días, ataques directos a periodistas como Juan Luis Font y medios como Emisoras Unidas muestran una abierta y despiadada estrategia que busca callar voces, cerrar espacios de crítica, cuestionamiento y denuncia. Acciones que reflejan el ejercicio autoritario de una alianza autoritaria dedicada a minar la débil institucionalidad democrática que hemos logrado construir.
La situación es más crítica porque esta dinámica se hace mucho más cruda en espacios municipales y departamentales, en donde también están amenazados muchos periodistas y varios medios. En estos espacios la posibilidad para que estos casos salgan y se ventilen en la discusión pública y mediática es muy remota porque hay muy pocos “reflectores que los iluminen”. Eso hace que prevalezca la impunidad.
Según un comunicado publicado por la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), se han registrado nueve agresiones de diversas formas en contra de periodistas y medios, lo cual demuestra, enfatiza el documento, la existencia de un plan premeditado para crear temor en el gremio y evitar cualquier tipo de investigación y denuncia de los hechos ilícitos que acontecen en esferas gubernamentales o en los centros de poder en Guatemala.
Por otro lado, es lamentable que se instrumentalice de manera muy peligrosa el sistema de justicia y el Ministerio Público (MP). Los casos que se han presentado carecen de fundamento legal, atentan contra el debido proceso y el Estado de derecho. El fondo y las formas están siendo sacrificadas con el objetivo de iniciar procesos judiciales que callen voces y cierren espacio de información, cuestionamiento, denuncia y debate. No debemos permitir eso. Estamos en un buen momento para alzar nuestras voces y decir un hasta acá.
El contexto es complejo porque no se están investigando los abusos contra periodistas y quedan desprotegidos. Los ataques a su integridad física y la de sus familiares, el acoso sistemático, las campañas que buscan desacreditar y acosar, entre otras muchas acciones que están limitando el ejercicio periodístico.
Por ello, mi admiración, respeto, apoyo, solidaridad y agradecimiento a todas las personas que están en el mundo del periodismo (reporteros, periodistas, editores, columnistas y comunicadores), quienes, a pesar de la censura, criminalización, campañas de difamación y persecución, continúan publicando las injusticias, las desigualdades, los abusos de poder, la corrupción y el clientelismo. Sin ustedes, la democracia no es posible. ¡No nos callarán! ¿Qué opina usted?