La insistencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de seguir adelante con la adquisición de un sistema tecnológico, el cual despierta razonables suspicacias entre diferentes organizaciones, puede ser una oportunidad para el país. La idea es que, por fin, haya un punto de coincidencia entre los extremos ideológicos y, a partir de ello, se alcance un mínimo acuerdo para luchar por una causa común. Ya sé que suena idealista, pero algo hay que hacer. Seguir enfrentados no nos lleva a nada. Todo lo contrario. Y, sin embargo, incluso en esta hipotética y escasamente probable alianza estratégica, habría que ser cuidadosos. Lo digo porque en contra de estas maniobras del TSE hay más de algún personaje muy oscuro, que suele defender solo lo indefendible. De ahí que, a la hora de reunir notables para emitir un mensaje contundente, deba tenerse sumo cuidado de no mezclar gimnasia con magnesia y de comprender que esos merolicos del mal actúan en función de sus financistas y no por amor a la legalidad. Dicho eso, bien vale la pena intentar ponerle freno a lo que, casi inminentemente, traerá consigo el riesgo de una manipulación de resultados en las votaciones del año entrante, así como un oneroso gasto en equipos que, en realidad, no es urgente ni necesario.
La desconfianza que ha causado la decisión del actual TSE de “modernizar” el control del padrón, así como de centralizar el seguimiento de los datos, daña el proceso electoral y siembra en el ambiente, de por sí muy cargado, la duda de que se respete la voluntad popular en los comicios de 2023. Expertos en el tema, como Salvador Biguria, expresidente de la Junta Electoral del Distrito Central, o el exmagistrado César Conde Rada, concuerdan en que esta dispendiosa compra de tecnología no significará ningún salto cualitativo en las próximas elecciones. Ambos consideran que, de concretarse el cambio, se alterará el sistema y podría ponerse en riesgo la custodia del voto. Los dos sugieren seguir con el procedimiento tal y como está. Es decir, permitiendo que las juntas receptoras de votos, manejadas por ciudadanos, sean las que se hagan cargo de la digitación de los datos en cada centro de votación. Su propuesta es mantener descentralizado el control de los números que emanen de cada mesa. Es decir, con la posibilidad de que los fiscales de los partidos puedan impugnar en el momento, si lo consideran pertinente, y que el acta final sea elaborada en cada lugar de votación y no exclusivamente controlada por la empresa de software que contrate el TSE.
Hasta ahora, aunque los ganadores en las urnas durante la era democrática han causado casi siempre una tremenda decepción, por lo menos se sabe que, con todo y lo disfuncional y corrompido de nuestra manera para elegir candidatos, estos no han llegado al poder por medio de un fraude al estilo de los que se dieron durante las dictaduras militares.
En un país como Guatemala, en el que la justicia perdió toda credibilidad y la percepción es que la mafia es la que mueve a su antojo las piezas en el tablero, perder la confiabilidad en el sistema electoral, y probablemente ponerlo al servicio de un grupo de corruptos, podría ser otro tiro de gracia (el definitivo) para nuestras posibilidades de cara al futuro.
Veo a gente de todos los colores ideológicos muy preocupada por esto. Por ello, reitero lo escrito al principio de estas líneas: La extraña necedad del TSE de no detener esta carísima adquisición de tecnología puede ser una oportunidad. De ser así, conviene entender que, a la hora de las luchas cívicas, aunque haya impresentables merodeando por ahí, bien puede ignorárseles y definir con claridad la meta para lograr una verdadera convocatoria. Y, si se concretara tal cosa, es imprescindible entender que, en las acciones que se definan para expresarse ciudadanamente, no deben confundirse las demandas. Si se exige dar marcha atrás con este cambio, no es aconsejable pedir al mismo tiempo la renuncia de un funcionario nefasto. Eso tendría que esperar para otra ocasión en que ese, y solo ese, sea el objetivo. Focalizarse. Ser directos. Sumar.
El peligro a la vista merece un esfuerzo extraordinario. En las circunstancias actuales sería casi un suicidio no procurar intentarlo.