Lamentablemente, hemos caído en un juego que está poniendo en riesgo la credibilidad y la legitimidad del próximo evento electoral y no podemos como sociedad darnos el lujo de tener un proceso electoral cuestionado, ni mucho menos regresar a escenarios de fraudes y otras alteraciones a la competencia electoral.
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Hay varios elementos que están alimentando la percepción en los actores que el próximo evento electoral evidenciará alteraciones, manipulaciones y fuertes cuestionamientos. Algunos indican que debemos salir un poco de la comprensión, por ejemplo, del fraude como una acción que sucede en el escrutinio, sino que aventurarnos en este particular caso, a considerar que pueden suceder cosas antes y durante el proceso electoral, fuera del conteo de votos, que alteren el escenario y favorezcan a candidaturas o partidos en específico.
Uno de estos elementos es la aplicación de la norma que prohíbe la campaña anticipada y que se está materializando en el bloqueo de varias candidaturas, de manera poco fundamentada en algunos casos, pero que en esencia genera la sensación de que lo están haciendo de manera arbitraria y deliberada, con nombre y apellido.
Esta sensación se alimenta al momento de identificar que varias de esas candidaturas que están padeciendo la aplicación de la campaña anticipada tienen un alto nivel de conocimiento y se podría argumentar que lo están haciendo para beneficiar a candidatos desconocidos y con un débil apoyo electoral, como el precandidato del oficialismo.
Por otro lado, también se ha escuchado la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) adopte un camino de cancelar partidos políticos. Esto lo único que hará es alimentar el fuego de los señalamientos hacia el TSE y, por otro lado, afectaría de manera significativamente la credibilidad y confianza del órgano electoral y de las elecciones en su conjunto.
Otra de las prácticas, que ha sido normalizada, es la del clientelismo político y del incumplimiento de las normas que regulan el gasto de campaña. Este es otro de los factores que altera significativamente la competencia electoral, alimenta dinámicas perversas entre elector y partido y además eleva significativamente los costos de las campañas electorales a todo nivel.
No digamos el riesgo que representa que una buena porción de los recursos para financiar estas campañas clientelares provenga de actividades ilícitas. De igual manera, preocupante es el hecho que el oficialismo y sus aliados aporten y utilicen recursos públicos para estos objetivos. Una prueba de ello son las prioridades establecidas en el presupuesto aprobado hace unos días.
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Es un secreto a voces que el oficialismo le esté apostando a una estrategia de apoyar al menos a 200 alcaldes con recursos significativos para que los utilicen de manera clientelar en sus campañas. Subestimando y menospreciando al electorado, casi denigrándolo, pensando que el apoyo electoral se obtiene a través de una transacción.
Otro de los factores que puede afectar la legitimidad y credibilidad del proceso electoral es la violencia política. En las últimas elecciones esta dinámica se ha evidenciado principalmente en la quema de urnas electorales, pero, dado que el clima político está muy tenso, esperaría que esas acciones no escalen y que se ponga en peligro la vida de algunas candidaturas, especialmente a nivel municipal.
Además, de manera preocupante se presenta de parte del TSE el intento de buscar modernizar el proceso del escrutinio con un mecanismo que anula por completo la lógica descentralizada y de controles cruzados, para pasar a una lógica centralizada que anula las verificaciones. Esto está generando una profunda preocupación y desconfianza de muchos actores que están cuestionando esta incorporación al conteo de votos.
Estos factores están generando y alimentando un contexto muy desafortunado para un proceso electoral porque se está poniendo en juego la credibilidad y la legitimidad de la elección. Estamos jugando con fuego y nos podemos quemar, perder los avances democráticos, acercarnos a un régimen autoritario y crear una crisis de gobernabilidad. ¿Qué opina usted?
