Hace unos días, en medio de un campeonato mundial de futbol realizado en un país en donde no necesariamente prevalecen los derechos humanos, se celebró el aniversario 75 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre luces y sombras.
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En este marco, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) organizó un foro en el que, desde diversas perspectivas, se discutió sobre los ataques de los que están siendo objeto los jueces, fiscales, miembros de organizaciones y defensores de los derechos humanos en el país.
Los relatos expresados por los y las participantes del foro descubren una realidad preocupante que enfrentamos. Las experiencias que relataron de manera contundente, fría y directa dan un panorama muy claro de la necesidad de redoblar acciones para garantizar los derechos humanos.
Indudablemente, en nuestro país, el 10 de diciembre se convierte en una fecha para repensar los avances y retrocesos que en materia de derechos humanos tenemos como sociedad. Un contexto complejo porque la corriente regresiva, que ha sido instalada por esta articulación de actores que tienen cooptada la institucionalidad, busca no solo promover la corrupción e impunidad, sino que, en algunos casos, reprimir y violentar abiertamente a los defensores derechos humanos.
Es así como este país es el mundo del revés porque se está persiguiendo, criminalizando y atacando a los jueces y fiscales que han demostrado un compromiso serio con la justicia imparcial e independiente, pero que este grupo que tiene cooptado la institucionalidad los ve como una amenaza. Es decir, vivimos en el mundo del revés porque los que nos defienden se defienden por defender nuestros derechos.
Da mucha tristeza ver que la lista de jueces, juezas y fiscales que están enfrentando procesos judiciales injustos y manipulados o que están exiliados o enfrentando campañas agresivas de criminalización y desprestigio.
Por ello, el Estado de Guatemala debe adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del Poder Judicial y proteger de toda forma de influencia política y de conflicto de interés y la intimidación a los operadores y operadoras del sistema de justicia.
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Necesitamos buscar las condiciones para garantizar la independencia judicial y lograr que los funcionarios y funcionarias no sean removidos arbitrariamente o sean perseguidos por ejercer sus funciones. Que si reciben presiones o amenazas, estas sean investigadas. Que juezas, jueces, magistradas y magistrados y fiscales sean personas con la más alta experiencia y perfil intachable.
Nos merecemos un sistema de justicia que permita un acceso universal a la justicia, que cuente con jueces y juezas, así como fiscales, objetivos, imparciales e independientes para que aseguren procesos justos en los casos que se dilucidan en los juzgados. Imagine usted si tiene que enfrentar un proceso por despido injustificado, violencia contra la mujer, robo, homicidio o extorsión. ¿Quiere justicia? Desde luego que sí y eso depende de un sistema que tenga jueces imparciales, objetivos e independientes.
Indudablemente, hay muchos desafíos en materia de la vigencia y el respeto a los derechos humanos que nos recuerdan en el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tenemos mucho trabajo por hacer, especialmente en materia de justicia e independencia judicial.
Necesitamos construir una sociedad en donde prevalezca la justicia, se tenga acceso gratuito y universal a salud y educación de calidad y otro conjunto de derechos que, contenidos en el marco de la declaración, se constituyen en factores para promover una sociedad más justa e igualitaria, sin discriminación y con igualdad de oportunidades de desarrollo para todas y todos. ¿Qué opina usted?
