La semana pasada, los guatemaltecos sufrimos mucha incertidumbre, ansiedad y pérdidas entre tantos bloqueos, paros y vandalismo. Esto, anudado a recursos legales, y un estira y encoge entre líderes de los 48 Cantones, el partido Movimiento Semilla, los ciudadanos y las autoridades. Pareciera que no hay salida y nos han puesto a unos contra otros. Aunque se pide la renuncia de la fiscal general y otros tres funcionarios, el presidente fue claro que, debido a una reforma del Ministerio Público en épocas de Thelma Aldana y la CICIG (Decreto 18-206), él no tiene potestad. Las manifestaciones debieran continuar presionando, no tanto para la renuncia de los funcionarios, sino para que se respeten los resultados de las elecciones.
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Estamos hartos de la corrupción y de la disfuncionalidad del gobierno. Queremos que las instituciones operen, y que haya justicia, bienestar, desarrollo, seguridad y oportunidades de empleo para todos. Cada cuatro años vamos a votar con la convicción de que el país va a cambiar. Tenemos el poder del voto, que luego de los años 80, a raíz de una nueva Constitución y una Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) visionaria en la cual indica que son los ciudadanos voluntarios junto con los fiscales de los partidos en las mesas electorales quienes cuentan los votos.
Nuestro sistema político es republicano, en el que las máximas autoridades son electas por la ciudadanía. El poder está limitado a las funciones que le corresponden a cada órgano y los cargos tienen un plazo determinado. Sin embargo, llevamos cuatro años en que los diputados no eligen a los miembros de las cortes, a raíz de una modificación que hizo la Corte de Constitucionalidad en el año 2019, violando un plazo finito de la Constitución.
La democracia es un sistema de gobierno en el cual el poder proviene del pueblo, ya sea por representantes elegidos o por medio de votaciones directas. En este sistema se valora la participación ciudadana y se respetan los derechos individuales y las libertades fundamentales. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau promovieron la importancia de la voluntad general de la población en la toma de decisiones. John Stuart Mill defendió la libertad individual y abogó por una democracia representativa que proteja los derechos de las minorías. El politólogo Robert Dahl contribuyó a la teoría política moderna, subrayando la relevancia de la participación, la competencia y la libertad de expresión en la democracia contemporánea.
Desde hace varios años, se inició un proceso de descomposición en el funcionamiento del gobierno del país. Y no solo es el Poder Ejecutivo, sino en general en los otros órganos del Estado como las instituciones autónomas, órganos de control y muchas alcaldías. No hay transparencia, rendición de cuentas y, lo peor de todo, no tenemos servicios públicos de calidad. La democracia está en juego y nuestra república está en peligro. Hay total ausencia de pesos y contrapesos.
La percepción de corrupción en Guatemala ha aumentado según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, obteniendo una puntuación de 24 sobre 100 y manteniendo la posición 150 de 180 países. Esto indica una percepción muy alta de corrupción entre los guatemaltecos. En los últimos cinco años, esta percepción ha empeorado, acompañada de una caída en el ranking internacional. Por otro lado, el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción 2023 de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks evalúa la efectividad de los países latinoamericanos en el combate a la corrupción, basándose en la capacidad real de enjuiciar y sancionar a los corruptos. Guatemala ocupa la posición 13 de 15 países evaluados, con una puntuación de 2.86 sobre 10. Esto refleja una marcada disminución en comparación con años anteriores, indicando una tendencia negativa en la lucha contra la corrupción en el país.
Varios funcionarios han mostrado tendencias cleptómanas, desviándose de una gestión basada en la tecnocracia o la burocracia hacia una cleptocracia. Este término se utiliza para describir un sistema de gobierno en el cual aquellos en el poder político aprovechan su posición para beneficiarse personalmente y favorecer a sus allegados a expensas de los recursos y riquezas del país. En una cleptocracia, la corrupción es generalizada, los fondos públicos son desviados y la falta de transparencia en la administración de los asuntos públicos es evidente. A menudo, incluso las personas bien intencionadas se ven afectadas por no establecer límites.
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En una cleptocracia, las instituciones gubernamentales y las leyes suelen estar diseñadas y manipuladas para permitir y proteger la apropiación indebida de recursos, a menudo a expensas del bienestar y desarrollo de la población en general. Este tipo de sistema se caracteriza por la impunidad de los líderes y funcionarios corruptos, lo que dificulta la rendición de cuentas y el acceso a la justicia. Es importante destacar que una cleptocracia no representa una forma de gobierno legítima ni democrática. Más bien es un sistema que abusa del poder y los recursos del Estado en beneficio de un grupo corrupto y puede tener graves consecuencias para el desarrollo y la estabilidad de un país.
Ahora bien, ¿qué hacemos? Lo que es preocupante es que varios funcionarios que conforman esa cleptocracia muestran resistencia a dejar el poder e incluso buscan desacreditar los resultados electorales con acusaciones de anomalías. Los ciudadanos han trabajado arduamente y han defendido el sistema durante años. Estamos alarmados que en los próximos días autoridades señalen fraude en las elecciones, busquen salidas y artimañas para quedarse en el poder y no respeten la voluntad de la ciudadanía en las urnas. En el corto plazo debemos unirnos y concentrarnos en salvar la democracia y que se respete el voto del pueblo. Exijamos a las autoridades asumir los resultados de las elecciones y no permitamos que un grupo de mafiosos se quede en el poder. ¿Qué acciones puede tomar la sociedad civil para defender el voto ciudadano? ¿Cómo nos manifestamos de manera contundente para que los funcionarios reaccionen? ¿Qué tan creíbles son las investigaciones de la FECI?
