En medio de las continuas protestas, la concentración de la seguridad en la protección de edificios públicos y la presencia en las manifestaciones plantea un desafío: la creciente oportunidad para la comisión de delitos, siendo la extorsión uno de los más perjudiciales para la población. Según el CIEN, la tasa interanual de denuncias de extorsiones ha aumentado de 76.6 a 95.6 por cada cien mil habitantes de enero a septiembre. Tan solo en septiembre, se reportaron 1,669 casos de extorsión, lo que equivale a aproximadamente 56 al día o dos cada hora.
Los estudios realizados muestran que la mayoría de las extorsiones vienen de los centros penitenciarios y es muy difícil controlar a los privados de libertad debido al nivel de ocupación. Los datos señalan que Guatemala tiene uno de los índices más altos: 352% a mayo de 2023. Para lograr bajar este índice, deben tomarse varias acciones. En primer lugar, acelerar los procesos judiciales de los que están en prisión preventiva que a mayo de este año era el 41%. Otro medio es construir centros penitenciarios o ampliar los ya existentes; sin embargo, se ha visto en los últimos años muy pocos resultados. También está el uso de dispositivos de vigilancia electrónica para delitos menores con la puesta en marcha control telemático en Guatemala.
En agosto, el CIEN realizó un estudio de la aplicación de este sistema en el país. El control telemático es una innovadora herramienta de vigilancia electrónica, ha ganado reconocimiento a nivel mundial como una alternativa a la privación de libertad en casos penales. Los dispositivos telemáticos posibilitan la supervisión de la ubicación y movimientos de individuos sin requerir su reclusión. En la actualidad se registra alrededor de 350 mil usuarios en el mundo, la mitad de ellos de Norteamérica.
El documento del CIEN explica que la implementación del control telemático varía en diferentes modalidades, tales como “pre-trial” (medidas sustitutivas), “front door” (alternativa a la prisión para condenas cortas) y “back door” (libertad condicionada al finalizar la condena o postcarcelaria). Además, se emplea para proteger a víctimas y supervisar a delincuentes con distintos niveles de riesgo. En Europa, el control telemático se utiliza para fomentar la rehabilitación y la reintegración de personas con condenas cortas, complementándolo con terapias y planes de trabajo. En contraste, en Latinoamérica que se centra en la reducción de la población carcelaria sin priorizar la rehabilitación.
En Guatemala, con el Decreto 49-2016, se aprobó la Ley de Implementación del Control Telemático en el Proceso Penal. Sin embargo, la implementación de esta ley se logró siete años después, en 2023. Esta legislación contempla diversas modalidades, como la “pre-trial” (como medida sustitutiva), el “back door” (que incluye fases de prelibertad y libertad controlada en el cumplimiento de las condenas) y su uso como medida de protección a las víctimas. Asimismo, se estipula que la medida puede ser revocada en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas. Es importante destacar que, aunque el Ministerio de Gobernación, por medio de la Unidad de Control Telemático, lleva a cabo el monitoreo, es el juez competente quien tiene la autoridad para decidir si se debe utilizar un dispositivo de vigilancia. Estos dispositivos, que adoptan la forma de tobilleras, utilizan tecnología de vanguardia que integra radiofrecuencia, GPS, WiFi y LBS (triangulación de antenas de telefonía).
El costo del control telemático incluye equipamiento, instalación, monitoreo y personal. En comparación con el costo diario de prisión, en países desarrollados el monitoreo electrónico es usualmente más económico. En Guatemala, el costo diario de monitoreo (Q50) es levemente más bajo que el costo de encarcelamiento (Q57) debido a la subinversión en prisiones. La ley señala que el portador del dispositivo debe autofinanciar el costo diario de Q50. Sin embargo, si la persona no cuenta con los medios económicos, puede solicitar un estudio socioeconómico y, de ser autorizado, el gasto corre por cuenta del Estado.
El CIEN investigó que el Ministerio de Gobernación adquirió el arrendamiento de dos mil dispositivos y puso en funcionamiento el centro de monitoreo desde el 1 de junio de este año. Sin embargo, a agosto, tan solo seis personas estaban utilizando el control telemático: tres en la ciudad de Guatemala, una en Villa Nueva, una en el departamento de Quetzaltenango y otra en Quiché, todas bajo la modalidad de medidas sustitutivas. Es lamentable, ya que implica un alto costo para mantener el sistema y no está sirviendo como instrumento para ir reduciendo el número de privados de libertad en los centros penitenciarios y tener mejores controles internos.
Se han establecido protocolos de coordinación interinstitucional entre la Unidad del Control Telemático y la Policía Nacional Civil para casos de alertas, así como con el Sistema Penitenciario, para coordinar la colocación de dispositivos. Por su reciente implementación, es difícil hacer proyecciones precisas sobre el uso de este instrumento a futuro. No obstante, se estima que alrededor de dos mil personas que se encuentran en prisión preventiva podrían solicitar una revisión de medida y optar por una medida sustitutiva con el dispositivo. La decisión final recae en el juez, quien evalúa las circunstancias del caso.
Por lo tanto, después de poco más de dos meses de implementación, se puede concluir que se han registrado varios casos exitosos. Sin embargo, persiste una falta de conocimiento en el sector de justicia sobre la implementación y funcionamiento de esta herramienta. Aunque existen protocolos de coordinación interinstitucional, se han identificado algunos desafíos en su ejecución. Además, se prevé un posible impacto en el seguimiento y expansión de la implementación ante un próximo gobierno y la posible rotación de personal.
El CIEN recomienda fomentar la aplicación de esta herramienta para garantizar el éxito del proyecto. También es esencial difundir esta herramienta, especialmente entre el gremio de abogados, defensores públicos penales y jueces. Adicionalmente, se sugiere afinar la coordinación interinstitucional con base en las lecciones aprendidas durante la implementación. Para asegurar una evaluación adecuada del proyecto y la realización de proyecciones de usuarios a futuro, se debe garantizar un registro sistemático de datos estadísticos que permitan proyectar el futuro y evaluar el impacto del proyecto. Finalmente, se recomienda fortalecer la Unidad de Control Telemático y asegurar la continuidad del conocimiento adquirido. ¿Conocía usted la existencia y funcionamiento del control telemático en Guatemala? ¿Cómo cree que se debería informar y promover su uso entre los profesionales de la justicia y el público en general? ¿Qué otras medidas se pueden tomar para fortalecer su implementación y eficacia en el país?