Una semana distinta, cuyas acciones legales nos han sorprendido a la mayoría de los guatemaltecos. Debido a la ejecución de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad (CC) en la sentencia del amparo dentro del expediente 1169-2020, el martes 7 de noviembre ordenó a los diputados elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Cortes de Apelaciones antes del 15 de diciembre. Este proceso, que había estado obstaculizado, y aunque se agendaba en el Congreso frecuentemente desde el inicio de la legislatura, no avanzaba. De hecho, los magistrados actuales ya cumplieron nueve años en el cargo.
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Esta ejecutoria de la CC busca eliminar los principales obstáculos que enfrentaban los diputados, ya que no obliga a llevar a cabo la elección de manera oral y razonar el voto para cada uno de los 296 aspirantes, sino ahora podrán utilizar el tablero electrónico tal como lo manda la Ley del Organismo Legislativo (LOOL). Según una estimación de la Alianza por un Congreso Eficiente la metodología dictada por la anterior CC requería 99 días con jornadas de ocho horas diarias, si no hubiera más que una ronda. Pero ahora el Congreso tiene la obligación de llevar a cabo la elección a más tardar el 30 de noviembre de este año. En caso de no concretarse en esa fecha, último día del período ordinario, se verán obligados a declarar sesión permanente para realizar la elección antes del 15 de diciembre.
Vale la pena recordar que la responsabilidad de elegir a los magistrados recaía en la VIII Legislatura, un proceso que fue boicoteado de manera significativa. La VII Magistratura de la CC prorrogó el plazo límite de los magistrados, originalmente fijado para el 13 de octubre de 2019, lo que resultó en la violación de los artículos constitucionales 215 y 217. Además, trasladó la responsabilidad a la IX Legislatura, la cual estableció un nuevo procedimiento (https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5696/2021/4). El 23 de junio de 2020, el Congreso de la República aprobó en sesión plenaria el inicio del proceso de elección de cortes, aunque rápidamente el 26 de junio se presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP) contra los 92 diputados que aprobaron el acuerdo de selección. La denuncia se fundamentó en la omisión de excluir como candidatos a magistrados a aquellos que estaban siendo investigados por el MP, comprometiendo así su honorabilidad.
En consecuencia, un procedimiento de cumplimiento imposible y los procesos penales instaurados en contra de varios diputados hicieron que el Congreso de la República entrara en un estado de pasividad y se dedicara a agendar en las sesiones la elección, más no a tomar acción. Según la Alianza por un Congreso Eficiente, al 10 de noviembre de este año se incluyó en 255 ocasiones el tema en la agenda, pero al llegar al punto de discusión se desintegraba el quórum.
Es de resaltar que los magistrados de la actual CC mencionaron en su ejecutoria la importancia de garantizar el derecho de cada diputado a expresar su opinión al fundamentar su voto durante cualquier etapa del proceso. Para lo que el Congreso deberá gestionar los tiempos de las exposiciones con el fin de prevenir demoras innecesarias en el proceso de elección.
Adicionalmente, el Congreso tiene varias tareas pendientes por resolver. Inicialmente conocer dos antejuicios del vicepresidente Guillermo Castillo Reyes y el ministro de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, Javier Maldonado Quiñónez; ambos casos se instauraron por el pleno la semana pasada y ya se cuenta con las dos comisiones pesquisidoras designadas.
Además, la CSJ remitió el antejuicio presentado por el MP para retirar la inmunidad de los magistrados y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, acusándolos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. La investigación surgió de denuncias sobre presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato para adquirir un programa informático destinado a la Transmisión de Resultados Preliminares para el proceso electoral (TREP). Este caso se conocerá esta semana, ya que ingresó el miércoles y no dio tiempo de incluirla en la sesión del jueves, por lo tanto, se giró la información de forma electrónica a todos los diputados. De no proceder los recursos legales interpuestos por algunos magistrados, el Congreso tendrá que designar una comisión pesquisidora.
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También le toca al Congreso aprobar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024 y la elección de la próxima Junta Directiva, ambos temas importantes para el siguiente gobierno. Además, hay nueve interpelaciones a seis ministros pendientes que se agendan los jueves, pero no se avanza.
Muchos diputados argumentan que no tendrán suficiente tiempo para cumplir con la orden de la CC. No obstante, según la Alianza por un Congreso Eficiente, su nivel de actividad este año ha sido significativamente menor que en años anteriores. En 2022 se llevaron a cabo 87 sesiones (66 ordinarias y 21 extraordinarias), mientras que en el presente año solo han realizado 26 sesiones (24 ordinarias y dos extraordinarias), a tan solo tres semanas de concluir el segundo periodo de sesiones. En consecuencia, el Congreso en el año 2023 ha llevado a cabo una tercera parte de las sesiones comparado con el año anterior. Por ende, los miembros del Congreso no tienen excusa y deben dedicarse a trabajar para cumplir con las tareas encomendadas.
Hay varias teorías del porqué la CC tomó esta decisión y hay cuestionamiento respecto al momento. Definitivamente, era necesario retomar el orden constitucional y es apropiado que este Congreso (IX Legislatura) elija a los magistrados de la Corte y de las salas que ocuparán los cargos por menos un año hasta el 13 de octubre de 2024. Además, se despejó la duda de cómo será el proceso de elección de Cortes el año entrante. Por último, es importante iniciar el próximo año a partir del 14 de enero con los tres órganos del Estado en ley para fortalecer la República y recuperar los pesos y contrapesos. Estaremos atentos al Congreso para asegurar que cumpla con sus responsabilidades. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de la CC de elegir cortes en este momento? ¿Qué ocurrirá con los diputados si no acatan la orden de la CC? ¿Cómo se puede garantizar el respeto a los plazos finitos establecidos por la Constitución?
