Un jurista explicó a #Publinews que la magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, se “habría extralimitado en sus funciones, pues el celular es un objeto personal”. “El joven no cometió ningún delito y no es causal de despido”, afirmó. Aquí los detalles.
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Este viernes circuló en redes sociales un video en donde la magistrada y titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció a un trabajador. Ella aseguró que lo agarró grabando sus conversaciones.
“Nuestra sorpresa es que cada vez que va con las personas, el joven graba todos los mensajes y andaba en una oficina grabando. Yo le pedí que me prestara el teléfono porque lo sospeché y efectivamente él graba todas las llamadas y los mensajes que él habla con las personas”, señaló la funcionaria.
Agregó que el celular lo enviaría al Ministerio Público (MP) con una denuncia correspondiente. Además, aseguró que, al joven, le levantó un acta notarial: “Usted sabe lo que procede joven”, dijo en el video.
Al respecto, el jurista Juan Francisco García explicó a Publinews que la magistrada se habría extralimitado en sus funciones y puede ser acusada por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, pues el teléfono es un objeto personal el cual no podía ser decomisado.
Mientras que la acción del joven, García la calificó como “una falta leve”, si el reglamento interno del máximo tribunal electoral lo estableciera. Agregó que “esta acción no es ningún delito, por lo tanto, no es causal de despido”.
El trabajador fue identificado como Cristian André Natareno Juárez, quien labora como oficinista en la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones del TSE.
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En redes sociales circularon rumores de que Natareno es sobrino del fiscal Rafael Curruchiche; sin embargo, el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público no ha confirmado ese extremo.
¿Qué es el delito de abuso de autoridad?
El delito de abuso de autoridad se configura cuando un servidor público (miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado, quienes están al servicio del Estado y de la comunidad) haciendo que prevalezca su propia voluntad (actos caprichosos) sobre la ley y con el fin de conseguir intereses personales y no el interés público, valiéndose de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto.
En este tipo de casos, las personas podrán denunciar al servidor público, ya que su actuación es un delito que debe ser sancionada por la autoridad competente.
Según el artículo 418 del código Penal, el delito de abuso de autoridad puede ser sancionado con prisión de uno a tres años.
