La Procuraduría General de la Nación (PGN) emitió un comunicado respecto a la denuncia en contra del secretario general del Ministerio Público por solicitar la contratación de un bufete de abogados para accionar en contra de dos personas exiliadas en el extranjero. La solicitud se realizó durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Al respecto, el Procurador General de la Nación recibió hoy del Presidente de la República la revocación de la instrucción emitida que consta en el Oficio de la Secretaria General de la Presidencia de la República, identificado como oficio DSGP-1339-2021/MCRS de fecha 17 de noviembre de 2021.
En esa perspectiva, el Oficio y los documentos anexos, fundamentados en las críticas y denuncias que dos guatemaltecos realizaron en la red X (antes Twitter), consta que el Secretario General del Ministerio Público, por instrucciones superiores, solicita que se efectúe la defensa internacional del Estado de Guatemala en contra de las acciones de propaganda sistemática que han devenido en la afectación del sistema de justicia de Guatemala.
Así también como del bien común de la población, derivado de las acciones de desprestigio internacional que han sido instigadas, en su mayoría, por estos dos ciudadanos guatemaltecos residentes en los Estados Unidos de América, detalla el documento.
“De acuerdo con la argumentación expresada en la solicitud hecha por el Secretario General del Ministerio Público por instrucciones superiores, esas críticas y denuncias habrían influido para que el gobierno de los Estados Unidos de América le aplicase sanciones a funcionarios guatemaltecos, las cuales han tenido como consecuencia: el desprestigio internacional de la dignidad y honorabilidad de funcionarios sin el agotamiento del debido proceso”, apunta el oficio.
A virtud de esas acciones, especifica que habrían sido determinantes para que las agencias del gobierno estadounidense cortasen el apoyo que brindaban al Ministerio Público.
“La revocación de tal instrucción es muestra que el Presidente Arévalo es consciente de que no se puede coartar la libertad de expresión del pensamiento de cualquier ciudadano, resida o no en Guatemala, ya que es un derecho de todos el cuestionar a cualquier funcionario, y que bajo ninguna circunstancia puede pretenderse que el Estado funcione por impulso de intereses personales, ni persiga a ciudadanos por la libre emisión del pensamiento”, señala la institución.
SOLICITUDES DE SEGUIMIENTO
Por aparte, el Procurador General de la Nación, al darle seguimiento a la revocación de la instrucción presidencial, indica que ha identificado también graves factores con profundas implicaciones políticas y legales.
“El Estado no puede, ni debe, perseguir a quienes han emitido críticas dirigidas a individuales en el ejercicio de sus funciones públicas. Las sanciones que las autoridades superiores del MP aducen que fueron contra el Estado y que menoscaban la acción del MP, en realidad fueron dirigidas contra personas específicas siguiendo criterios legales y políticos de otros Estados, que constituyen una decisión soberana de los gobiernos de otros países”, argumentaron.
Finalmente, el Oficio concluye que la utilización del Estado para atender una petición que viola los derechos de libre expresión del pensamiento es una desviación total de los principios constitucionales y de derecho internacional que definen a Guatemala como un país que los garantiza y promueve.