El Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, se acercó este día a las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y en la ventanilla 3 de la institución presentó una acción legal en contra del secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, por el uso de recursos públicos para la contratación de un bufete de abogados en el extranjero.
Esto para accionar en contra de dos personas guatemaltecas que están exiliadas, Guerrero prefirió mantener en reserva los nombres. Según las explicaciones, Pineda solicitó al expresidente Alejandro Giammattei la contratación de los abogados
LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS
El 16 de noviembre del 2021, según relató el secretario, Pineda dirigió un oficio al Presidente de ese entonces, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un buffet de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero.
“Utilizó como pretexto la defensa de los intereses del Estado a pesar de que en ese oficio se acompañan únicamente publicaciones realizadas en redes sociales, al día siguiente la secretaria general de la Presidencia por instrucciones del mandatario de ese periodo, ordenó al procurador general de la nación iniciar las gestiones necesarias para iniciar la persecución política”, apuntó el funcionario.
En seguimiento a lo solicitado, el procurador inició las gestiones necesarias para emprender dichos actos ante el Ministerio de Finanzas Públicas, asignando de forma urgente recursos financieros adicionales por el valor de Q461 mil 600 quetzales mensuales.
Así mismo, Guerrero especifica que la estrategia propuesta por ese bufete fue sometido a aprobación de la actual fiscal Consuelo Porras. Por lo que el objetivo de la denuncia interpuesta este día va en solicitar auditoria al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Finanzas Públicas por lo relatado en el año 2021 y 2022.
“Desde el gobierno de Guatemala continuamos revocando toda instrucción pendiente a la persecución política de personas Guatemaltecas exiliadas y de medios de comunicación por venganzas personales de funcionarios públicos”, enfatizó.