Acción. El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, denunció ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) que el gobierno del ahora expresidente Alejandro Giammattei, a petición de Ángel Pineda, del Ministerio Público, habría contratado un bufete para perseguir legalmente a exiliados en Estados Unidos. La revelación causó diversas reacciones, pero la mayoría coincidió en que se deben deducir responsabilidades.
Según Guerrero, en 2021, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, envió un oficio al expresidente Giammattei, solicitando contratar un bufete de abogados en Estados Unidos para emprender medidas legales contra guatemaltecos exiliados en el extranjero.
Giammattei habría aceptado y ordenado a la Secretaría General realizar las gestiones para que la Procuraduría General de la Nación (PGN), asumiera la contratación, para lo cual requirió al Ministerio de Finanzas Q461,600.00 mensuales. Las actuaciones fueron avaladas por la fiscal general, María Consuelo Porras.
La Presidencia no brindó más detalles, como el nombre del bufete contratado o la temporalidad del servicio adquirido y en Guatecompras no se pudo verificar alguna adjudicación con las características mencionadas.
Deducir responsabilidades
El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Ovidio Orellana calificó de ilegal el actuar del secretario general del MP y las autoridades responsables de la contratación.
“Es ilegal que estatalmente se haga esa clase de contratación. Por lo tanto, se debe denunciar no solo a la Contraloría, sino también al MP para que investigue y de ser posible se deduzcan responsabilidades”, señaló.
Mientras que la abogada especializada en derechos humanos Stephanie Rodríguez consideró importante que el Ministerio Público esclarezca lo sucedido, sin influencia de Pineda, quien pertenece a la institución.
“El MP tiene que tomar con seriedad y objetividad este tipo de denuncias, porque estamos hablando de un empleado de la institución y dinero del pueblo. Esperamos que al fin el Ministerio Público actúe de forma honorable y comprometido en el marco de la legalidad”, detalló.
Sandoval reacciona
En 2021, Juan Francisco Sandoval fue destituido como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), movilizándose a Estados Unidos, donde actualmente reside.
En un breve mensaje a Publinews, Sandoval calificó de “impresentables” las acciones de Pineda. El MP inició varias pesquisas posteriores a su salida del país, vinculándolo a supuestas anomalías en el trabajo que realizó al frente de la FECI.
“Lo que sufrimos del gobierno de Alejandro Giammattei ha sido un atropello a nuestros derechos. Un gobierno que estaba obligado a protegernos, invirtió y desvió recursos públicos para algo impresentable. El andamiaje judicial de Guatemala está en manos del crimen organizado”, agregó en la red social X.
Pineda dice que hay desconocimiento
El secretario general del MP utilizó las redes sociales institucionales para pronunciarse, aceptando que envió un oficio al presidente Giammattei en su oportunidad, pero atribuyó la denuncia en su contra al desconocimiento del funcionamiento del Estado e intentó vincularlo a las investigaciones que desarrolla esa entidad contra “el partido de gobierno”.
“Al parecer es parte ya de un accionar del Ejecutivo en torno a atacar al Ministerio Público en vez de estar desarrollando la atención a las distintas problemáticas de la realidad nacional”, puntualizó.