Una vez más, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, busca que el presidente, Bernardo Arévalo pierda su inmunidad, ahora por el caso “Corrupción Micivi: El mecanismo ilegal de pago”, por supuestas irregularidades en su gestión como mandatario, convirtiéndose en un nuevo intento del Ministerio Público (MP) para que el funcionario enfrente la justicia.
El pasado 28 de diciembre, la FECI presentó el caso “Corrupción Semilla”, que también conllevó el requerimiento de retiro de antejuicio del entonces presidente electo, Bernardo Arévalo, por presuntas anomalías en la conformación del Movimiento Semilla. Previamente, otra fiscalía solicitó el procedimiento de fuero contra el exdiputado por el caso “Toma Usac”.
Renzo Rosal, analista político independiente, calificó la pesquisa de la FECI como “artificial”, con poca consistencia. Consideró que los motivos de la destitución de la exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega ahora quieren ser utilizados por el Ministerio Público contra Arévalo.
“Este es un caso que está montando la FECI y el MP básicamente con la intención de retomar el objetivo original y que era su pretensión hace unos meses: Descarrilar al gobierno, jalando el hilo de un pseudocaso y tratando de pegar directamente al presidente de la República”, remarcó.
Además, recordó que el ente investigador no ha dedicado tiempo o presentado resultados por corrupción vinculada a la obra pública durante administraciones anteriores.
“Aunque a uno le puede sonar ridículo y casi un montaje el caso, en la práctica, lamentablemente, la correlación de fuerzas está a favor del MP en el sistema de justicia, en el Congreso y entonces habrá que ver cómo se maneja este caso, en especial las instancias que tendrán que conocer el proceso de antejuicio y podría abrir un nuevo episodio de crisis política”, advirtió.
Se pronuncia
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia indicó que los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica ni propósito legítimo.
“Lo único que sostiene estas acciones corruptas del MP es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio. Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe”, agregó.
El caso
En conferencia de prensa, Curruchiche, acompañado de Ángel Pineda, secretario general del MP, anunció que la FECI presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente, Bernardo Arévalo, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
La investigación derivó de una denuncia presentada por Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y la Fiscalía señala irregularidades en los pagos a constructoras mediante “un mecanismo ilegal a través de listados”. Una de las empresas beneficiadas supuestamente estaría vinculada con el embajador Gabriel Orellana Rojas, nombrado como miembro del Comité Jurídico de la Organización de los Estados Americanos.
Además, la FECI señala el pago a otras constructoras presuntamente vinculadas a casos de corrupción, incluso mencionó el caso “La Línea”, y una de las pruebas sería la llamada entre el mandatario y la exministra de Comunicaciones difundida recientemente en redes sociales.