Ligia Hernández, directora del Instituto de la Víctima, accionó en contra de la resolución del juez Fredy Orellana que la dejó en prisión hasta diciembre próximo. Este día, interpuso una apelación luego de haber sido procesada por el supuesto delito de financiamiento electoral no registrado en el caso “Corrupción Semilla”.
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Esta acción deberá ser elevada a una sala de apelaciones que decidirán si es viable la resolución o hacen alguna corrección y así podría dejar la prisión Hernández.
Orellana, titular del Juzgado Séptimo Pluripersonal, procesó a Hernández, quien se apartó de su inmunidad como legisladora para dirigir el Instituto de la Víctima. Los delitos son fiscalización electoral de fondos y financiamiento electoral no registrado, que bastaría con arresto domiciliario y una fianza, aunque Orellana dijo que Hernández “debe estar en la cárcel”, ya que “ejerce puesto de poder ligado al presidente Bernardo Arévalo”, algo inusual en la justicia guatemalteca.
Orellana está señalado como “actor corrupto y antidemocrático” por Estados Unidos y mantiene el caso en reserva.
Hasta diciembre
Hernández, quien fue la semana pasada, esperará en una cárcel militar hasta el 9 de diciembre cuando se desarrolle la audiencia para saber si enfrentará juicio. Un dato relevante es que próximamente comenzarán las acostumbradas vacaciones en Tribunales y la mitad de los jueces dejan sus judicaturas; entonces, la otra mitad solo reprograma para el próximo año las audiencias.
