Un plan piloto de carril exclusivo para motocicletas y operativos de seguridad dirigidos a pilotos de ese tipo de vehículos han cobrado relevancia en los últimos días como paliativos ante la sobrepoblación de ese medio de transporte, principalmente en la ciudad de Guatemala.
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) registraba para el 29 de septiembre dos millones 758 mil 507 motos, superando los 2.5 millones de vehículos particulares que integran el parque vehicular del país.
Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), la motocicleta es el segundo tipo de vehículo más involucrado en hechos viales a nivel nacional.
Surgen paliativos
Usuarios en las redes sociales empezaron recientemente a compartir la señalización de un carril exclusivo para motocicletas en la calzada La Paz, una iniciativa de la Municipalidad de Guatemala para regular y elevar el control sobre este tipo de transporte en su jurisdicción.
El pasado martes, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) oficializó el plan piloto cuya intención es reducir la siniestralidad que involucra a las motocicletas.
El objetivo es que los pilotos recorran este espacio a 50 kilómetros y que eviten el zigzag, que rebasen por la derecha o invadan las aceras. La PMT vigilaría el entorno para garantizar el respeto a las normas de tránsito.
Ayer, el Departamento de Tránsito de la PNC y la PNC emprendieron una serie de operativos móviles con la intención de verificar que los pilotos de motocicletas porten documentación vigente, casco y placas en lugares autorizados.
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El plan denominado “Control Motorizado” inició en la zona 19 y municipio de Mixco. Según Tránsito, se implementará de lunes a domingo en diferentes sectores del país con apoyo de distintas comisarías.
Previamente, la entidad advirtió de las multas que podría imponer a los motoristas e incluso la posibilidad de enfrentar una condena maxima de tres años de cárcel por modificar o falsificar las placas de circulación.
Visión de la PDH
Para Édgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), es una prioridad para la población guatemalteca la ejecución de acciones inicialmente del Estado que permitan retomar el control del tránsito y la efectiva regulación de los conductores de vehículos en su interacción en la vía pública.
“Que permita garantizar la certeza jurídica, toda vez que luego de la reactivación de la economía postpandemia fue evidente el desorden prevaleciente de dichos usuarios de calles, avenidas, carreteras, etc. Quienes en un importante número han mostrado una atención insuficiente a los requerimientos legales básicos, tanto en documentos en orden como la licencia de conducir, placas de los vehículos (en este sentido también la SAT no ha tenido la capacidad de dotar de placas suficientes), equipamiento básico, condiciones de escape y motor, etc., en cumplimiento con el Reglamento y Ley de Tránsito”, explicó.
Manifestó que la proliferación del uso de las motocicletas va de la mano del incremento de la incidentalidad vial. Recordó que diariamente de 3 a 6 personas pierden la vida o resultan lesionadas y detalló que esto representa un impacto en el sistema de salud, que calificó de indescriptible.
Agregó que se evidencia una falta de certeza jurídica, ya que de las 2 millones y medio de motocicletas, solamente hay un millón 90 mil licencias para ese tipo de vehículo.
“Los recorridos cada vez mayores en cuanto a tiempo, debido a la saturación de vehículos en la vía pública, tienen un efecto negativo en la calidad de vida de las personas, quienes presentan en muchos casos estrés por las largas jornadas para realizar sus desplazamientos”, detalló.
“La falta o insuficiencia de sistemas de transporte público colectivo, eficientes y de calidad es una de las tantas causas de la saturación del tránsito, como motocicletas y vehículos tipo sedán y taxis colectivos no autorizados”, puntualizó.
