La más reciente estimación del monto que habrían defraudado las empresas vinculadas a la estructura “B410″ es de aproximadamente Q800 millones. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) informó que varias de las auditorías realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) aún no concluyen por lo que la cifra, considera la institución, podría aumentar.
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Publinews requirió una actualización del avance de la pesquisa al ente investigador y este respondió que dentro de las denuncias figuran cinco constructoras, a las cuales la SAT fiscalizó, pero, según el MP, únicamente se verificaron operaciones comerciales de dos de los proveedores del grupo empresarial “B410″.
“Por lo que se solicitó la ampliación de las auditorías, pues la Fiscalía estima que los montos defraudados pueden aumentar considerablemente, ya que estas cinco empresas también han registrado facturas de más de 10 proveedores del referido grupo”, detalló.
La Fiscalía de Delitos Económicos estima que más de 600 sociedades forman parte de la investigación, pero, debido a que en la documentación aportada por la SAT algunas auditorias aún están en desarrollo y otras por iniciar, el monto posiblemente defraudado será definido en la conclusión.
“El Ministerio Público continúa recopilando información financiera que permita fortalecer la investigación y como parte de dichas acciones se trabaja de forma articulada con la Contraloría General de Cuentas para fijar alcances de auditoría y plazos”, agregó.
“La venta de sociedades”
De momento, se contabilizan 17 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias vinculadas al caso “B410″.
Uno de los aspectos destacados por la Fiscalía es el allanamiento de la oficina de los notarios David Francisco Barrera Maldonado y José Luis Oropín Mollinedo, ubicada en zona 9, en donde se habría determinado la supuesta conformación de sociedades que luego eran “vendidas” a terceras personas con el requisito de actualizar domicilios fiscales y representantes.
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“Se obtuvo información que permitió establecer la forma de operar de dichos notarios, la cual consistía en constituir sociedades anónimas para luego venderlas a distintas personas con la obligación de actualizar posteriormente el domicilio fiscal y nombrar a otro representante legal. Sin embargo, algunas de estas empresas nunca lo hicieron, entre ellas las que han sido utilizadas dentro del caso denominado ‘B410′”, puntualizó.
Debe esclarecerse
Desde la revelación del caso “B410″, entidades académicas y cámaras empresariales han enfatizado la necesidad de dar con los responsables de una estructura que habría evadido el pago de impuesto por supuestos servicios o productos adquiridos por instituciones públicas.
El pronunciamiento más reciente fue del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que instó al Estado guatemalteco a emprender una acción coordinada y enérgica para apoyar y complementar los esfuerzos de la SAT para sancionar los delitos cometidos en el caso “B410″ y el fraude tributario.
“En particular, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación y los juzgados e instancias jurisdiccionales pertinentes deben actuar conforme a sus mandatos y facultades legales, evitando que los delitos denunciados por la SAT queden impunes”, remarcó.
