El expresidente Alejandro Giammattei fue señalado por el gobierno actual de facilitar un posible esquema de corrupción que habría permitido al exdirectivo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Melvin Ernesto Quijivix Vega la adquisición de servicios y contratación de personal de forma anómala.
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En conferencia de prensa, Carlos Mendoza, titular de la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), y Julio Flores, de la Comisión Nacional contra la Corrupción, informaron que denunciarían al exmandatario por posible abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Giammattei goza de derecho de antejuicio al ser diputado al Parlamento Centroamericano.
Además, la Presidencia señala a la extitular de Segeplan Keila Gramajo por la supuesta comisión de los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes y a Quijivix Vega por abuso de autoridad, tráfico de influencias, peculado por sustracción e incumplimiento de deberes.
El “visto bueno” de Giammattei
El caso denominado “Red Q: Segeplan una plataforma hacia el INDE” se remonta, según Mendoza, a 2021, después de la disolución del Centro de Gobierno donde Melvin Quijivix se desempeñaba, ya que Gramajo intentaba contratarlo y dentro de sus funciones establecía que representaría a la institución en juntas directivas. Sin embargo, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) emitió un dictamen desfavorable al contrato porque no cumplía con varios aspectos técnicos y legales establecidos.
En esa etapa interviene el expresidente, porque la entonces titular de Segeplan envía nuevamente a la Onsec el requerimiento de contratación, pero ahora con una carta con el visto bueno de Giammattei. En el documento, firmado por el exmandatario y Gramajo, se consigna que Quijivix Vega será directivo temporal bajo el renglón 022, con un sueldo de Q20 mil 625 mensuales.
El trampolín al INDE
Después de su contratación en Segeplan, Melvin Quijivix es designado como asesor del Consejo Directivo del INDE, entonces presidido por Alberto Pimentel, ministro de Energía y Minas. Luego, se convirtió en representante de la Secretaría y en enero de 2022, debido a que el presidente decide no buscar la reelección, asume la presidencia de esa instancia propuesto por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
“Al ser electo presidente del Consejo Directivo del INDE, el poder de Melvin Ernesto Quijivix Vega se consolidó y logró ejercer influencia sobre los gerentes de las distintas áreas del INDE. Cambia a los gerentes para validar su estructura criminal”, señaló el gobierno.
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La Segeplan ejemplificó las supuestas anomalías encontradas con la adjudicación de contratos a la empresa MINE, S. A., en la que Quijivix aún ejercía como gerente. Además, el domicilio fiscal es supuestamente la residencia del exfuncionario. El Ejecutivo señala a la empresa MINE, S. A. de recibir contrataciones que superaron los Q1.5 millones entre 2022 y 2023.
Entre las presuntas anomalías, recordaron que el Consejo Directivo del INDE hizo un llamado a Melvin Quijivix, por contratar a 211 personas en el renglón 029, entre ellas Nina Patricia Román Rojas, con quien después contrajo matrimonio.
Supuestamente, Román Rojas es hija de Julio Isaías Román López, quien junto con Julio Rubén Román Rosales y Julio Estuardo Román Rosales (hermanos) están vinculados a la entidad Corporación Educativa En Informática, Sociedad Anónima, otra de las compañías favorecidas bajo la administración de Quijivix, con tres contratos que sumarían más de Q1 millón.
Exige indemnización
El 17 de enero de 2024, dos días después de la toma de posesión de Carlos Mendoza como secretario, el exdirectivo del INDE fue destituido y, según la Segeplan, le notificaron en la sede de la empresa Administrador del Mercado Mayoritario, en la zona 10, aparentemente porque no laboraba físicamente en la institución.
Agregó que las auditorías internas iniciaron cuando Quijivix exigió el pago de su indemnización y no pudo presentar documentación de su trabajo. El pasado 29 de octubre, la Secretaría fue notificada de una demanda laboral promovida por el exdirectivo.
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¿Era de esperarse?
A Manfredo Marroquín, analista en temas de transparencia, no le parece extraño el señalamiento al expresidente Giammattei, así como la contratación de operadores para concertar posibles negociaciones ilícitas dentro del gobierno.
“En todos los casos de gran corrupción había presencia y aprobación de Giammattei a través de sus operadores cercanos. Si en algo invirtieron su tiempo en el gobierno fue en orquestar y dar seguimiento a estos negocios”, lamentó.
Mientras que Renzo Rosal, analista independiente, calificó de “interesante” el caso debido a que el gobierno denuncia a personajes cercanos al expresidente y Miguel Martínez, extitular del extinto Centro de Gobierno. Lo “notable” es la plaza en Segeplan que es considerada fantasma, puntualizó.
“Qué bueno que se plantee de esta forma, un caso que llega directamente al expresidente y Martínez. Obviamente, se presentan las denuncias y al MP únicamente le parecerán magnificas, pero continuará protegiendo. El Ejecutivo tomó la defensiva, eso es bueno y el MP podría quedar más en evidencia de la defensa que ejerce”, explicó.
