El oficialismo y aliados lograron durante la madrugada de ayer la aprobación de la Ley de Competencia, una de las normativas que más había impulsado el partido suspendido Movimiento Semilla y la presidencia. La normativa contempla multas de hasta Q600 millones.
“¡Tenemos Ley de Competencia! Felicito al Congreso de la República por el paso dado en favor de mercados más justos y equitativos. En especial, agradezco a la @BancadaSemilla, con el liderazgo de @samuel_pz, por el compromiso en la aprobación de esta ley. ¡Precios justos y mercados competitivos para Guatemala!”, afirmó el presidente, Bernardo Arévalo, en su cuenta en la red social X.
Desde la vicepresidenta, Karina Herrera, hasta diputados de Semilla e incluso exfuncionarios elogiaron la aprobación de la normativa que impediría supuestos abusos en las dinámicas comerciales del país.
“Después de 8.5 años que presenté el proyecto de ley de competencia, finalmente fue aprobada la iniciativa 5074, después de mucha discusión y los cambios respectivos. ¡Muchas concesiones, pero ya se tiene!”, agregó el exministro de Economía Rubén Morales Monroy.
“Al final, se puede decir que la Ley de Competencia no es perfecta, pero sí es un gran avance para generar la competencia y acabar con los carteles empresariales que manejan oligopolios, proteccionismo y abusos. Lo malo es que va a quedar en manos de un ente regulador del Estado y ellos decidirán quién sí y quién no”, agregó el diputado del Partido Unionista Álvaro Arzú Escobar.
El Ministerio de Economía aseguró que esta ley crea instituciones especializadas que podrán vigilar que las actividades anticompetitivas no sucedan o sean sancionadas. Supuestamente, facilitará precios justos y el bienestar de los consumidores, participan y compiten más empresas.
La normativa prohíbe acordar, concertar, fijar y manipular precios, cargos, descuentos, honorarios, tarifas o tasas de forma directa o indirecta en cualquier venta de bien o servicios. Tampoco se podrá dividir, distribuir o asignar mercados lo cual también aplica para productos.
También abarca las licitaciones, cotizaciones, concursos y subastas públicas, ya que no se permite la concertación o coordinación de ofertas. Por último, está prevista la conformación de una superintendencia de competencia, la cual deberá garantizar la libre competencia por medio de investigaciones administrativas, así como aplicando sanciones y multas. Las sanciones previstas tienen un límite de hasta de 200 mil salarios mínimos diarios no agrícolas, equivalente a más de Q600 millones.