La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) develó un nuevo caso de posible defraudación de impuestos por Q6.9 millones, cuyo responsable sería un proveedor individual del Estado que adquirió productos a empresas relacionadas con la estructura B410, además de otras inconsistencias que alertaron a las autoridades. Las supuestas anomalías fueron denunciadas al Ministerio Público.
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Entre 2021 y 2024, esta persona habría facturado al Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Ministerio de la Defensa Nacional, así como 13 municipalidades, Q133.5 millones, principalmente en concepto de construcciones y reparaciones de edificios públicos. En ese periodo únicamente canceló el 2.15% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) percibido y 0.01% del Impuesto Sobre la Renta.
La asignación de 48 proyectos por montos entre Q34 mil y Q90 mil por concepto de mantenimiento de calles internas del Hospital Roosevelt, elaboración de cimentaciones para área de banco de leche humana e instalación de vigas para el ascensor de carga del hospital, entre otros, podría considerarse como un fraccionamiento de compras, según advirtieron las autoridades.
Difícil de localizar
Debido a la omisión del pago de los dos arbitrios, la SAT intentó realizar una auditoría al proveedor. Sin embargo, modificó en siete ocasiones los domicilios fiscales registrados entre mayo y agosto de 2024, pasando de San Benito, en Petén, a la colonia Eureka, en la zona 21 de la capital, de la cual deriva el nombre del caso.
“Al no localizar al contribuyente en su domicilio fiscal y establecimientos comerciales y direcciones alternas proporcionadas por las entidades mencionadas, se aplica la suspensión de afiliación al Impuesto al Valor Agregado, según lo establecido en el Artículo 120 del Código Tributario”, explicó la Superintendencia.
Después de la suspensión, el proveedor acude a la SAT para confirmar su dirección fiscal en la colonia Eureka, en la zona 21, la cual coincide con las ubicaciones proporcionadas por tres contribuyentes que recibieron adjudicaciones estatales por Q 193.2 millones en los últimos 4 años.
Los auditores confirman que la compañía no cuenta con trabajadores, maquinaria ni activos que le permitan proporcionar a las entidades de gobierno los servicios contratados y, tras un requerimiento de información, el señalado pide una ampliación de fecha límite de tres meses argumentando el hurto de sus registros contables.
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Relaciones llamativas
Además, la SAT comprueba que el proveedor individual es socio y representante legal de otras entidades comerciales con el mismo domicilio fiscal, vinculadas a familiares y otros proveedores estatales.
Entre las anomalías, el titular de la SAT, Marco Livio Díaz, explicó que la empresa habría adquirido productos a contribuyentes no localizados y con inconsistencias, cuatro de ellos señalados dentro de la estructura B410, quienes habrían adquirido Q2.9 millones.
“Luego del análisis del modelo de riesgo, se estableció que, de la totalidad de las compras del contribuyente en 2022, según los registros de FEL, el 64% corresponden a compras con inconsistencias o sin sustancia económica, siendo: 20% hacia proveedores no localizados, 33% a otros proveedores con inconsistencias y 11% en compras relacionadas con cuatro empresas vinculadas al caso ‘B410′. El 36% de las compras restantes se realizaron a otros 343 proveedores”, detalló.
