Con 140 votos y llamados principalmente de cámaras empresariales para evitar un déficit fiscal, los diputados del Congreso de la República aprobaron la madrugada de ayer el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2025 por Q148 mil 526 millones 47 mil 690. Fuera del Ejecutivo y el Legislativo las reacciones al financiamiento estatal continúan siendo de preocupación por aspectos técnicos y de transparencia.
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Horas antes de la maratónica sesión que culminó casi a las 6 de la mañana, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara del Agro y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidieron en pronunciamientos separados a los congresistas no aprobar el Presupuesto 2025.
Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), explicó que ahora las preocupaciones también abarcan el financiamiento del Legislativo que contempla un aumento salarial para los diputados y el “monto récord de la deuda” en general.
Asimismo, consideró que no hay justificación técnica para las asignaciones a los Consejos Departamentales de Desarrollo y que fomentarían más corrupción.
“Estas acciones van en contra de los objetivos de mejora de la calificación de riesgo país. Además, el déficit fiscal se prevé que aumente al 3.1% del PIB, lo que plantea riesgos para la estabilidad macroeconómica”, lamentó.
Por ello, mencionó la necesidad que la población exija una mejor calidad del gasto público e inversión. “La inversión pública debe subir, especialmente en puertos, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas, cárceles e incluso un aumento en los servicios urbanos y este presupuesto, lastimosamente, no aboga por el fortalecimiento institucional y la capacidad de lograr mayor eficiencia y transparencia en el país. La Contraloría General de Cuentas deberá mejorar su papel en estos momentos”, puntualizó.
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Mejor calidad de gasto
El analista político Byron Barrera Ortiz señaló que el Ejecutivo no podrá quejarse por falta de recursos, pero un gasto de calidad deberá reflejarse en 2025, mejorando la eficiencia del mismo.
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“Si los Consejos de Desarrollo, aunque no son unidades ejecutoras, cuentan con más de cinco mil millones de quetzales adicionales, estos fondos deben tener un destino en desarrollo duradero y de calidad, por ejemplo, caminos rurales, agua potable, electricidad, saneamiento... En Guatemala no debería haber aldea sin estos servicios”, advirtió.
Barrera apuntó como prioridad para el Ejecutivo que los recursos asignados a la infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, sus dependencias y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército se utilicen para fortalecer la capacidad del Estado en la construcción y mantenimiento de carreteras, dependiendo menos de los contratos privados.
“El presupuesto de gastos de la nación debe reestructurarse de manera que el gobierno central no se desfinancie con tanta descentralización de recursos”, recomendó.
