La Contraloría General de Cuentas (CGC) reveló el resultado de las auditorías concluidas durante el primer semestre de 2024, destacando que presentó denuncias en el Ministerio Público (MP) por supuestas anomalías en la administración de fondos públicos que ascienden a más de Q7 mil millones. La Municipalidad de Escuintla, el Instituto Guatemalteco de Seguridad (IGSS) y varios ministerios están entre los denunciados o sancionados.
PUBLICIDAD
En el informe, la CGC asegura que emitió dos mil 365 sanciones equivalentes a Q68 millones 413 mil 845.55 y presentó 24 formulaciones de cargos o denuncias civiles con las cuales busca que los responsables devuelvan el posible menoscabo a los intereses del Estado por un monto de Q14 millones 116 mil 346.35.
Sin embargo, la mayor cuantía por el presunto mal manejo de fondos públicos corresponde a 68 denuncias penales por Q7 mil 853 millones 899 mil 885.
La entidad argumentó que en cumplimiento con el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y sus reformas, por medio de una publicación en el diario oficial, reveló los resultados de las auditorías realizadas a 462 entidades públicas y que finalizaron durante el primer semestre de 2024.
Los más sancionados
La Municipalidad de Escuintla fue la más denunciada en la categoría de alcaldías con Q1 millón 081 mil 983.70 por el posible menoscabo a los intereses del Estado en el manejo de los recursos públicos.
Solo el IGSS sumó 108 sanciones por Q2 millones 255 mil 400.84, mientras que las carteras de Gobernación con 29 sanciones por Q1 millón 381 mil 901.67, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación con 28 sanciones por un monto de Q1 millón 567 mil 135.19 y el Ministerio de Desarrollo Social con 22 sanciones por Q936 mil 815.57 le siguen con las cifras más altas.
Lea también: Bandas exigen miles de quetzales al transporte
Denuncias penales
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), con tres denuncias por un monto de Q7 mil 270 millones 467 mil 883.63, es la cartera con el monto denunciado en el MP más significativo.
PUBLICIDAD
Después se ubica el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con cuatro denuncias por Q143 millones 268 mil 432.22, el Fondo Social de Solidaridad con una denuncia por Q104 millones 766 mil 166.32 y el Instituto de Previsión Militar con dos denuncias por Q88 millones 556 mil 170.56.
“La mayoría de hallazgos que derivaron en acciones legales y administrativas se debe a la falta de control interno en las instituciones auditadas, incumplimientos en sus gestiones y posible menoscabo a los intereses del Estado. Las denuncias ya fueron presentadas al Ministerio Público y los responsables de las instituciones al momento de ser auditados fueron notificados”, agregó la Contraloría.
Supuestas anomalías
Las denuncias contra el CIV serían por irregularidades en las contrataciones y ejecución de proyectos contemplados en el decreto 21-2022, una ampliación presupuestaria aprobada en la administración del presidente Alejandro Giammattei por Q3 mil 191 millones para el “mejoramiento de la red vial”.
El segundo señalamiento es por los requisitos en las bases de los eventos que supuestamente limitaron la participación de oferentes para la construcción de las escuelas bicentenario. Por último, la CGC encontró anomalías en los procesos de adquisición e instalación de módulos prefabricados del proyecto “Cocinas Dignas”.
El TSE fue denunciado por el pago de horas extras cuando no eran procedentes, mientras que el Fondo Social de Solidaridad por el revestimiento en la concesión de la autopista Palín-Escuintla.
En el Instituto de Previsión Militar la Contraloría detectó anomalías en el rendimiento de inversiones, el cobro de préstamos, los arrendamientos de inmuebles y la recuperación de inversión internacional.
Lea también: En tres años, 76 exfuncionarios admitieron cargos para reducir penas
Punto de reflexión
El analista político Luis Enrique Monterroso recomendó al gobierno actual tomar nota de los hallazgos de la CGC para evitar “novatadas”, así como la constante rotación de ministros o funcionarios que podrían facilitar prácticas negativas relacionadas con el manejo de fondos públicos. Además, advirtió que en las entidades públicas aún hay presencia de cuadros vinculados a las administraciones pasadas que ponen en riesgo el uso adecuado del erario.
Asimismo, destacó el papel de la Contraloría y la capacidad que tuvo para publicar resultados de auditorías previo al informe general que entrega al Congreso de la República en mayo. Lo consideró como un buen signo y también como una advertencia para las entidades de gobierno, municipalidades y entidades descentralizadas.
