La inconstitucionalidad parcial que planteó el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) contra el Presupuesto 2025 provocó reacciones de diversa índole, pero analistas consideran factible modificar aspectos que cámaras empresariales y académicos objetaron en su momento.
Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que con voluntad política y corrigiendo los artículos necesarios el financiamiento estatal continuaría siendo funcional. El analista explicó que, por las fechas y entrada en vigor de este, el gobierno cuenta con una planificación definida y las correcciones serían la mejor vía para no afectarla.
“Se logró identificar algunas inconsistencias en el Presupuesto... aspectos que le restaban certeza a la ejecución. Cuando se hizo la advertencia, era para que el gobierno y el Congreso hicieran el análisis y los ajustes necesarios”, detalló.
Sin embargo, recordó que existe otra acción legal contra la totalidad del Presupuesto 2025 y que esa sí podría afectar considerablemente el funcionamiento estatal, porque el Ejecutivo contaría con el financiamiento de 2024, pero sin los gastos establecidos como en el actual.
“Con voluntad política y una reforma legal desde el Congreso, con apoyo del Ministerio de Finanzas Públicas, podrían sortear las dificultades que ha provocado. El riesgo está en que avanzara la acción contra todo el presupuesto porque generaría dificultades de ejecución”, explicó.
¿Qué dice el Cacif?
La noche del lunes, el Cacif anunció que presentó una inconstitucionalidad parcial ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2025, tras un análisis técnico y jurídico en el que supuestamente se detectaron algunas disposiciones que no cumplen con los requisitos legales establecidos en el ordenamiento jurídico.
“Las irregularidades mencionadas vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, la adecuada asignación de los recursos públicos y el respeto por los procesos legislativos”, mencionó.
La cámara empresarial objeta artículos relacionados con una ampliación presupuestaria para la ejecución de fondos provenientes de donaciones, préstamos y estados de calamidad, otro que aborda el financiamiento de las clases pasivas, otra ampliación que beneficia a los Consejos Departamentales de Desarrollo, así como la asignación para la Ley Temporal de Desarrollo Integral y sus reformas por medio de la cual se realizan pagos a veteranos del Ejército.
Finanzas se pronuncia
Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas, indicó que entienden las preocupaciones por las ampliaciones presupuestarias que podría habilitar la cartera sin acudir al Congreso y detalló que estas no se financiarían con deuda, sino con ingresos ordinarios.
“Es parte del juego democrático y legislativo. Los artículos que mencionamos han aparecido en los presupuestos de los últimos 15 años y tienen una función de agilizar el uso de recursos que no son endeudamiento, pero hay que esperar para entender y seguramente la Corte pedirá informes al Congreso y al Ministerio”, amplió.