En un comunicado de prensa, el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), reiteró que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 28 de julio de 2024 carece de legitimidad
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Ante ello, enfatizó que “no reconoce el nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero de 2025″.
“Guatemala rechazó categóricamente los resultados del proceso electoral de la República Bolivariana de Venezuela del 28 de julio de 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), por lo que manifiesta su desconocimiento de la validez de la declaración del CNE, luego de que se impidió acceso a los representantes de la oposición al conteo oficial, la no publicación de las actas y la posterior negativa a realizar una auditoría imparcial e independiente de todas ellas que hubiera permitido garantizar el respeto a la voluntad popular soberana y la democracia en Venezuela”, se detalló en un comunicado de prensa.
Se añadió que “al igual que el resto de la comunidad democrática internacional, Guatemala continuará insistiendo en el respeto a la expresión del pueblo venezolano que en las urnas se pronunció de manera pacífica y contundente”.
“Considera que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha demostrado su falta de voluntad para el diálogo y por ello exigen el cese inmediato de la usurpación. Esta es una condición indispensable para el restablecimiento de la democracia y el orden constitucional a través de la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, con acompañamiento y observación internacional”, se consignó en el documento.
También el país expresó “su profunda preocupación y rechazo por las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra los ciudadanos que pacíficamente continúan reclamando el respeto al voto y el restablecimiento de la democracia”.
Además, en el texto se señala que “la solución de la crisis en Venezuela pertenece a los venezolanos y, por lo tanto, reitera su permanente determinación y compromiso para apoyar las iniciativas políticas y diplomáticas que conduzcan a la restauración del orden constitucional, de la democracia y el Estado de derecho en ese país, a través de la celebración de un nuevo proceso electoral con garantías democráticas”.
