Un grupo de integrantes de la secta Lev Tahor ha acudido a la puerta del Palacio Nacional de la Cultura a pedir a sus niños y adolescentes. Han llegado con carteles por lo que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) están cerca.
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La protesta se deriva a un caso de denuncias por maltrato infantil y matrimonios forzados en la comunidad ultraortodoxa judía, que derivó en un allanamiento y el rescate de 146 niños y adolescentes a hogares de protección guatemaltecas.
Los integrantes de la comunidad judía piden que el presidente Bernardo Arévalo finalice el “ataque inhumano” en su contra. La mayoría son mujeres quienes protestan en la puerta principal del Palacio.
El caso
Desde finales del año pasado se conoció que hubo denuncias en Santa Rosa por abusos y matrimonios forzados de los adolescentes de la secta. Entonces, autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) intentaron en vano dos veces verificar, aunque hubo impedimento.
Fue el 21 de diciembre cuando un operativo con decenas de policías y hasta un helicóptero que incursionó en el inmueble de la secta y “rescató” a los menores de edad. Entonces, los niños fueron trasladados a hogares de protección, donde recibieron atención médica, psicológica y social mientras se investiga a fondo la situación, se especificó.
Molestias
Los ortodoxos judíos han protestado varias veces en la zona 3 de la ciudad de Guatemala, incluso, con bloqueos en el tráfico para que les devuelvan a los 146 niños y adolescentes.
Comunidad
Lev Tahor, conocida por su interpretación estricta de la religión judía, ha sido objeto de controversia durante años, enfrentando denuncias similares en países como Israel, Estados Unidos y Canadá. Según los informes, dentro de la comunidad existían prácticas que violaban los derechos de los menores, lo que motivó la acción de las autoridades guatemaltecas.
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El caso ha generado un intenso debate sobre los límites entre la libertad religiosa y la protección de los derechos humanos. La comunidad Lev Tahor ha rechazado las acusaciones, calificándolas como una persecución injustificada, mientras que organismos internacionales instan a garantizar el bienestar de los menores rescatados y a llevar a cabo un juicio imparcial.