Mientras el presidente Donald Trump intensifica su cruzada contra la inmigración irregular, con órdenes ejecutivas y tensiones diplomáticas, en los últimos días ha surgido la posibilidad de un Acuerdo de Tercer País Seguro entre Estados Unidos y El Salvador. Expertos advierten que, debido a la cercanía geográfica y la experiencia previa de Guatemala con acuerdos similares, esta medida podría tener un impacto significativo en la región.
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El tema tuvo eco en los principales medios de comunicación de El Salvador a raíz de una publicación de la “CBS News” y en resumen se plantearía un acuerdo similar al que Guatemala tuvo con Estados Unidos en los últimos años del primer mandato de Trump. Migrantes irregulares de otras naciones serían trasladados al país centroamericano, incluyendo a miembros del Tren de Aragua, una pandilla con raíces venezolanas y estando en ese territorio podrían requerir asilo.
José Raúl Hernández Virula, licenciado en Ciencia Política y analista de coyuntura, explicó que la negociación del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), propuesto por el Gobierno estadounidense, incluye disposiciones que permitirían a El Salvador otorgar asilo a ciudadanos de otras nacionalidades deportados desde Estados Unidos, lo cual plantearía riesgos importantes para la estabilidad social, política y económica del país centroamericano.
“Uno de los aspectos más controvertidos es la posibilidad de que, bajo este pacto, se permita la deportación a El Salvador de presuntos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano. Esto supone una amenaza directa a la seguridad nacional salvadoreña, que ya ha enfrentado desafíos significativos con las pandillas locales como la MS-13 y el Barrio 18. La llegada de miembros de esta red criminal podría intensificar los problemas de violencia, desbordar los sistemas de seguridad y justicia, y generar un nuevo foco de inestabilidad en un país que en los últimos años ha reducido sus altos índices de criminalidad”, remarcó.
Para Guatemala
El analista considera que El Salvador tiene a la vista la experiencia del Acuerdo de Tercer País Seguro que el gobierno del presidente Jimmy Morales accedió a suscribir con la administración de Trump y los pocos resultados obtenidos para reducir las problemáticas de fondo que provocan la salida de millones de personas de sus comunidades de origen.
“Para Estados Unidos, este tipo de acuerdos representan una estrategia efectiva para externalizar su problema migratorio y minimizar el impacto político interno del mismo. Sin embargo, para países como El Salvador, el costo de asumir estas responsabilidades es mucho más alto”, lamentó.
El experto remarcó que si El Salvador firma un acuerdo de este tipo, las implicaciones para Guatemala serían importantes. Por un lado, podría aumentar la presión migratoria en las fronteras guatemaltecas, ya que los emigrantes que buscarán evadir el sistema salvadoreño podrían intentar cruzar hacia México a través del territorio nacional.
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“Esto incrementaría los desafíos logísticos y de seguridad para Guatemala, que ya enfrenta dificultades para gestionar el tránsito de personas en su territorio”, manifestó.
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Tensiones continúan
Varios países, como México, se preparan para la recepción masiva de inmigrantes irregulares retornados por la administración de Trump, mientras otros, como Colombia, ya superaron las primeras desavenencias por oponerse a la llegada de aviones militares deportados, lo cual implicó amenazas de sanciones arancelarias y retiro de visas.
El pasado lunes, el canciller Carlos Martínez aseguró que Guatemala apostará al diálogo y negociación diplomática para abordar las deportaciones y medidas que el gobierno de Donald Trump ha intensificado contra la migración irregular.
El Instituto Guatemalteco de Migración reporta a la fecha 2 mil 608 retornados vía área desde Estados Unidos, aunque únicamente los procedimientos registrados a partir del viernes son contabilizados como parte de la “era Trump”.
