El estado brasileño de Mato Grosso enfrenta una ola de violencia sin precedentes tras el descubrimiento de 23 cuerpos en fosas clandestinas en menos de dos meses. Los municipios de Rondonópolis y Lucas do Rio Verde se han convertido en el epicentro de estos hallazgos, que comenzaron durante la búsqueda de Policarpo Pereira Alves, un hombre desaparecido en diciembre. La investigación reveló una serie de ejecuciones atribuidas a facciones criminales que operan en la región.
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Según se informa, el estado de descomposición de los cuerpos dificulta su identificación, y solo ocho víctimas han sido reconocidas hasta ahora. Algunos de los cadáveres fueron encontrados con las manos y los pies atados, lo que sugiere ejecuciones brutales. Este no es un caso aislado: en enero, los cuerpos de dos jóvenes de 18 años, Anna Clara Ramos Felipe y Ayla Pereira dos Santos, fueron hallados en una zona boscosa. Sus muertes fueron transmitidas por videollamada a un preso sospechoso de ordenar el crimen.
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La violencia en Mato Grosso ha alcanzado niveles alarmantes. En 2023, se registraron 919 homicidios dolosos y otros crímenes violentos, según el Atlas de la Violencia 2024. Casos como el de Gabriela da Silva Pereira, una adolescente torturada y asesinada por criticar a una facción, o el de las hermanas Rayane y Rithiele Alves Porto, ejecutadas por un gesto vinculado a una banda rival, reflejan el control que ejercen estas organizaciones.
Para combatir esta crisis, el Gobierno de Mato Grosso lanzó en noviembre el programa ‘Tolerancia Cero al Crimen Organizado’, que incluye la creación de nuevas delegaciones especializadas y la contratación de más de 300 agentes para reforzar la seguridad. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, con comunidades atemorizadas y un sistema de justicia desbordado por la magnitud de los crímenes.
