El cardenal Giovanni Angelo Becciu, declarado culpable en 2023 por uno de los mayores escándalos financieros del Vaticano, ha desatado una controversia al reclamar su derecho a participar en el cónclave que elegirá al sucesor del papa Francisco. Aunque la Santa Sede lo excluyó de la lista oficial de 135 electores, Becciu insiste en que conserva sus prerrogativas cardenalicias.
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En declaraciones al diario Unione Sarda, Becciu argumentó que el papa Francisco no le pidió formalmente renunciar a su condición de elector: “La lista publicada no tiene valor jurídico”.
Expertos en derecho canónico respaldan su postura, señalando que, técnicamente, su derecho a votar no ha sido revocado. Si se acepta su participación, el número de electores aumentaría a 136.
Becciu fue condenado en primera instancia por malversar 125,000 euros destinados a una cooperativa de su hermano en Cerdeña y por desviar 570,000 euros para supuestamente liberar a una monja secuestrada en Mali. Los fiscales demostraron que esos fondos financiaron compras de lujo y vacaciones. El juicio en apelación comenzará en septiembre.
Antes de su caída en desgracia en 2020, Becciu fue subsecretario de Estado (cargo equivalente a jefe de gabinete papal) y una de las figuras más influyentes del Vaticano. Su relación con Francisco se quebró cuando salieron a la luz irregularidades en la gestión de fondos.
