Agenda Durante la sesión extraordinaria, los diputados avanzaron en otras iniciativas. • Control. La Ley de Servicio Civil del Congreso avanzó en segundo debate, por lo que los congresistas se han comprometido en que sea aprobada en redacción final la próxima semana, la cual pondrá controles para la contratación de personal. • Cambios. También avanzó en segundo debate las reformas a la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria, donde se incluye levantar el secreto bancario para controles fiscales, como también el nombramiento del titular de esa entidad ya no estará a cargo del presidente de la República. • Traslado. La iniciativa de ley que castiga el mal uso de la Ley de Femicidio fue enviada a la comisión de la mujer del Congreso.
“Cambios en la Carta Magna” Análisis de Cristhians Castillo, politólogo Desde la perspectiva política, genera varias suspicacias con la celeridad que se aprobó dicha ley, porque fue bajo perfil y rápida. A pesar de que el presidente del Congreso fue ponente de la carrera judicial por medio de la Constitución esperemos que la Ley de la Carrera Judicial no influya en la legislación constitucional, lo cual sería complejo. También llama la atención las fuerzas en el Congreso que decidieron aprobar una ley ordinaria, pues no es una garantía de resolver la crisis en el sistema judicial.
Después de más de un año de haber consensuado los cambios a la Ley de la Carrera Judicial, diputados aprueban modificaciones.
Con 84 votos a favor diputados aprobaron el Decreto 32-2016, en donde se crea el Consejo de la Carrera Judicial, con el cual los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ya no serán los responsables de nombrar a los jueces.
La integración del Consejo tendrá un representante titular y suplente del pleno de la CSJ; un magistrado titular y un suplente de la Asamblea General de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría.
También formarán parte un juez titular y un suplente de la Asamblea General de Jueces de Primera Instancia; un juez titular y un suplente de la Asamblea General de Jueces de Paz, como experto titular y suplente en administración pública, un titular y un suplente en recursos humanos y un profesional titular y suplente en psicología.
Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, mencionó que la nueva ley es un parteaguas para la CSJ porque le permitirá dedicarse a lo jurisdiccional y el nuevo ente se encargara de lo administrativo.
En los cambios aprobados en el Congreso se regula el traslado de jueces y magistrados solo con audiencia previa o por solicitud del interesado, ya no será como medida disciplinaria, como lo hacían algunos magistrados con otros jueces, calificó Montenegro.
Además, se creará la unidad de evaluación del desempeño profesional, entre los aspectos que se calificarán es la gestión de despacho, que se refiere a la cantidad de resoluciones dictadas.
Otra de las reformas aprobadas después de dos días de consensos , es que los jueces o magistrados deberán dejar el cargo al perder la inmunidad, no obstante, seguirán recibiendo su sueldo.
En dichos cambios se obliga que los jueces o magistrados renunciarán al cargo al cumplir los 75 años, sin excepción alguna.
También se modifican las sanciones a los jueces o magistrados, donde se califica como falta grave dar entrevistas a la prensa adelantando criterio u opinión sobre casos sometidos a su conocimiento.
“No se trata de una cacería de brujas, pero si que los jueces paguen cuando no hacen las cosas correctamente”, comentó el presidente del Congreso, Mario Taracena, después de finalizar la aprobación de las reformas.
El Ministerio Público (MP), la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron en un comunicado que las reformas a la Ley fortalecerá y garantizará la independencia judicial, con los estándares internacionales de derechos humanos, porque un juez imparcial se vuelve un garante de la lucha contra la impunidad.
La integración del consejo de la carrera judicial se realizará 60 días después de que cobre vigencia la ley, la CSJ deberá definir un presupuesto para fortalecer y garantizar el funcionamiento de dicha oficina.