La Contraloría General de Cuentas (CGC) prepara un recurso de lesividad relacionado con el acuerdo administrativo interno 10-2016 del Ministerio de la Defensa, por medio del cual se aprobó el pago de un “bono de responsabilidad” al presidente Jimmy Morales y a autoridades de esa cartera.
Así lo dio a conocer este lunes el contralor Carlos Mencos, durante una citación con la bancada Encuentro por Guatemala, en la cual explicó que el referido recurso se estaría enviando a la Procuraduría General de la Nación (PGN).
Además de Mencos, la bancada citó al ministro de la Defensa, Williams Mansilla, para abordar el tema del bono; sin embargo, el funcionario se excusó y no asistió a la reunión.
¿Beneficios para el jefe?
Mencos reiteró hoy que “un subalterno no puede, desde ningún punto de vista, aprobar beneficios para su jefe”, esto tomando en cuenta que el acuerdo que dio vida al bono fue autorizado por Mansilla y alcanzó a beneficiar al mandatario.
Expertos han resaltado en diferentes ocasiones que si bien Morales es el Comandante General del Ejército, porque es algo inherente a su cargo como gobernante, no es parte de la nómina del Ministerio de la Defensa, pues según la estructura del Estado y de las instituciones, él depende de la Presidencia de la República.
De igual forma, indicó que están a la espera de que el Ejército les proporcione información relacionada con las nóminas, la cual ya requirieron los auditores, para verificar si todo el personal que está incluido dentro del cuadro de beneficiarios recibió los pagos, o si se actuó de forma selectiva para la entrega del bono.
E indicó que se están evaluando varios aspectos, como lesividad, ilegalidad y el reintegro del dinero para quienes lo hayan cobrado.
El bono
La semana pasada se conoció que el presidente cobraba Q50 mil mensuales que provenían de fondos del Ejército.
Hasta ahora había recibido un total de Q450 mil, por medio de cheques que se le entregaban cada mes desde diciembre de 2016, esto por concepto de un “bono de responsabilidad”.
La Contraloría envió auditores al Ministerio de la Defensa para verificar la información, quienes emitieron un informe en el cual dieron un plazo de 15 días para que Morales justificara el pago. Después de ello, el gobernante devolvió los fondos al Ejército.