El titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), José Alejandro Arévalo, se refirió este lunes a las reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros que están en proceso de discusión en el Congreso, y resaltó la importancia de que sean aprobadas.
Sus declaraciones se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en donde además habló acerca de los reportes por transacciones sospechosas que emite esa entidad, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
De igual forma, el superintendente se pronunció sobre la situación de Guatemala y refirió que la polarización que, a su criterio, existe ha generado falta de certeza a nivel internacional, lo cual ha hecho que incluso baje la calificación en riesgo crediticio del país.
Guatemala está pasando por un proceso de transformación que inició en 2015; sin embargo, parecieran a nivel externo que el proceso de transformación y cambio ha bajado su velocidad e intensidad, e incluso podría detenerse, lo cual genera preocupación en la comunidad internacional, dijo el funcionario.
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La comunidad internacional podría opinar que no tiene por qué seguir apoyando a un país que no muestra la voluntad necesaria de seguir haciendo los cambios que se habían iniciado, añadió.
Denuncias por posible lavado
Arévalo explicó que la SIB supervisa el cumplimiento a la legislación bancaria para proteger el dinero de los depositantes haciendo cumplir la ley a los banqueros.
El funcionario resaltó que si bien el ámbito de trabajo de esa entidad es administrativo, se traslada al Ministerio Público información relacionada con transacciones sospechosas.
De acuerdo con el superintendente, desde enero y hasta el 24 de noviembre de 2017, la IVE ha presentado 84 denuncias penales en el ente investigador por posible lavado de dinero.
De igual forma, detalló que este año la SIB ha recibido 2 mil 471 reportes de transacción sospechosa, que podrían incluir dinero relacionado con la comisión de delitos de corrupción, extorsiones, secuestros o narcotráfico.
Reformas necesarias
Arévalo resaltó la importancia de que el Congreso apruebe la iniciativa 51-57, que dispone aprobar reformas al decreto 19-2002, Ley de Bancos y Grupos Financieros.
El entrevistado ve “con satisfacción” que a pesar de que lleva más de un año en el Congreso la propuesta, la Comisión de Economía y Comercio Exterior ya le haya dado un dictamen favorable y ya haya pasado por el primero y segundo debates en el pleno.
De acuerdo con el superintendente, esta ley permitiría mejorar la legislación bancaria y financiera del país, y está enfocada en proteger a los depositantes y a su dinero. Refirió que en el país hay casi 17 millones de cuentas bancarias.
En la actualidad el sistema bancario guatemalteco en su conjunto se encuentra estable, sólido y solvente, afirmó el titular de la SIB, al referirse a que la ley no es urgente.
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Sin embargo, manifestó que sí es importante que se aprueben las reformas porque si se diera una situación imprevista donde estuviera en riesgo el sistema de bancos del país por alguna actividad en el ámbito exterior del país o en el ámbito judicial-penal nacional, que involucrara a banqueros, la legislación actual no permite que la autoridad pueda intervenir las entidades y mantenerlas funcionando.
Y explicó que de contarse con esa legislación, que ya existe en otros países, se podría actuar e intervenir un banco bajo el sistema conocido como “banco abierto” si en caso se diera un evento internacional o nacional que llegar a afectar el sistema guatemalteco.
“En ese sentido es urgente que se aprueben las reformas”, dijo, aunque aseguró que espera que nunca exista ese riesgo y se tenga que usar en el país.
“Es muy bueno para los depositantes y su dinero que se hiciera esta reforma”, señaló Arévalo.
Esta iniciativa lo que hace es permitir que la Junta Monetaria pueda intervenir un banco y que este puede seguir funcionando. Mientras tanto, los banqueros deberían enfrentar las responsabilidades administrativas o penales de forma personal, y se colocaría a nuevas personas al frente del trabajo de la entidad.
“Es una propuesta seria. Esto solo se aplicará a un banco que esté sano, que tenga liquidez, solvencia, solidez patrimonial y una adecuada rentabilidad, por un evento adverso extraordinario que pueda poner en riesgo economía del país. Pero cuando se trata de un banco que es mal administrado, lo que corresponde es cerrarlo”, explicó.