El procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, dio a conocer que debido a un recorte presupuestario de Q30 millones que hizo el Congreso de la República, la institución podría entrar en una posible paralización.
Ello tomando en cuenta que por el momento solo se tienen los fondos necesarios para cubrir los salarios de los más de 700 trabajadores y gastos de funcionamiento hasta septiembre.
“Es preocupante que ya no tenemos dinero para pagar salarios de octubre y nuestras actividades también se han visto limitadas”, dijo Rodas.
El magistrado de conciencia dio a conocer que ayer se presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del ministro de Finanzas, Víctor Martínez, y el director de Presupuesto por “la inactividad” para tratar el tema.
Sin embargo, Rodas destacó que reconoce la buena voluntad de Martínez, por lo cual espera que no haya que esperar a que se tenga la resolución judicial para avanzar con la transferencia de fondos.
Además, mencionó que ya accionaron ante la Corte de Constitucionalidad, pero el amparo requerido les fue denegado.
Por aparte, el procurador aseguró que ante el escenario de que se llegue a una “paralización total” la más afectada sería la población, pues ya no “tendría las puertas abiertas para interponer sus denuncias y darles seguimiento”.
Y explicó que aparentemente la acción del Congreso al recortarle los fondos se dio por “revanchismo” por el trabajo que ha realizado.
Congreso debe autorizar
Al ser consultado sobre el tema, el ministro de Finanzas Públicas explicó que hasta ahora se le han trasladado los fondos que corresponden a la PDH.
Según el funcionario, si la institución requiere más fondos estos deben ser aprobados con anterioridad por el Congreso para poder ser liberados, ello tomando en cuenta que, según sus palabras, la PDH es una institución que pertenece a ese organismo.
Martínez dijo que actualmente los fondos designados para la PDH ascienden a Q100 millones 130 mil.
Añadió que hay un rubro por Q10 millones por concepto de donación; sin embargo, para liberar este último el Congreso debe emitir un nuevo decreto.