La Diócesis de Siuna denunció este lunes la detención y desaparición de un sacerdote, en medio de tensiones entre el Gobierno del presidente Daniel Ortega y la Iglesia católica de Nicaragua.
Esa jurisdicción de la Iglesia católica dijo desconocer las causas o motivos de la detención del sacerdote. “Esperamos que las autoridades nos mantengan informados”, agregó.
La Diócesis de Siuna invitó a los fieles católicos a unirse en oración por Benavidez, “que su única misión es y ha sido anunciar la buena nueva de Jesucristo, que es palabra, vida y salvación para todos”.
Por su lado, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que el sacerdote fue detenido de forma arbitraria.
Benavidez es el tercer sacerdote detenido en lo que va del año en Nicaragua, y el noveno que se encuentra bajo custodia policial, incluyendo al obispo Rolando Álvarez y otros cinco sacerdotes que están encerrados desde el pasado día 4 en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Matagalpa.
Siuna fue la primera diócesis que brindó su apoyo público a Álvarez, a quien la Policía Nacional acusa de intentar “organizar grupos violentos”, aunque hasta ahora no ha ofrecido pruebas.
Estado-Iglesia en Nicaragua
La detención de este sacerdote se da en medio de una serie de acciones del Gobierno sandinista contra la Iglesia católica nicaragüense, que incluye la prohibición a la Arquidiócesis de Managua de la procesión con la imagen peregrina de la virgen de Fátima.
También el confinamiento del obispo Álvarez junto a cinco sacerdotes, tres seminaristas, y dos laicos, en la sede episcopal provincial de Matagalpa, que está sitiado por fuerzas especiales policiales.
Además la expulsión de un grupo de misioneras de la orden Madre Teresa de Calcuta, el cierre de ocho radioemisoras católicas, la cancelación de la programación de la televisión por suscripción de tres canales católicos y el ingreso a la fuerza y allanamiento a una parroquia.
Ortega tildó de “terroristas” a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.