Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), afirmó este viernes en su cuenta de Twitter, que la Ley contra la Ciberdelincuencia recién aprobada en Guatemala, puede prestarse a “proceso penales abusivos” y usarse para “acosar a críticos”.
Pappier considera que la normativa contiene disposiciones vagas que pueden tener como consecuencia que existan procesos penales inconsistentes, y a la cual se le dio vida en un “país donde la justicia se ha instrumentalizado” para la persecución a periodistas, fiscales y jueces independientes.
A inicios de este mes, un grupo de 100 diputados del Congreso de la República aprobaron el decreto 39-2022, Ley de Prevención y Protección Contra la Ciberdelincuencia.
En esencia la ley tiene como objetivo proteger los datos personales de los guatemaltecos, fortalecer las reglas de convivencia social-digital del país. También se presentó como una actualización de la legislación nacional.
En esta se crean nuevos ciberdelitos, y se habla del fraude informático. Pero es precisamente, la creación de un Centro de Seguridad de Respuesta ante Incidentes Informáticos, la que creó las suspicacias.
Objetan Ley contra la Ciberdelincuencia
Los diputados del Grupo Parlamentario de Oposición (GPO) presentaron una serie de objeciones a la ley contra la ciberdelincuencia, la cual aseguran que contiene artículos que podrían resultar siendo un mecanismo para oprimir la libertad de expresión.
El diputado Carlos Barreda, indicó que el trasfondo de la legislación es acallar abusos e impedir el acceso a datos digitalizados. Resulta siendo, a su parecer, un mecanismo para obstaculizar el trabajo de fiscalización de las instituciones públicas.
La inclusión de nuevos delitos también pone en duda sobre su interpretación a futuro en el ámbito jurídico.
Ley similar aprobada en Nicaragua
Hace dos años Nicaragua se aprobó una ley bajo un nombre y naturaleza similar.
La ley fue impuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega para castigar con cárcel a las personas y entidades que este considere que se traten de “noticias falsas” en las redes sociales o medios de comunicación.
Al igual que la ley de Guatemala, la normativa faculta a la policía y crea una instancia para que “investigue y persiga delitos”. También sanciona en caso de uso de aplicaciones que produzcan o reproduzcan y transmitan gráficos y textos.