Desde el fin de semana, la atención está centrada en el tribunal constitucional. Por la resolución que tendrá que brindar a la petición de la fiscal general que preocupa por la libertad de expresión e involucra el proceso contra el partido ganador a la presidencia del país.
Los magistrados de la máxima corte dieron un plazo de dos días para que el presidente, Alejandro Giammattei, y el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, entregaran informes por supuestas amenazas de seguridad que considera la fiscal Porras.
Sin embargo, ante la petición de la jefa del ente investigador, profesionales y personas señaladas por Porras presentaron acciones ante la CC para frenar las intenciones de la fiscal que para ellos violan la libertad de expresión y la libertad de prensa. Que son derechos constitucionales, y que el escrutinio público a funcionarios está permitido.
Acción Ciudadana junto con personas que la fiscal señala como amenazas presentaron una acción “amigos de la corte” para considerar la petición del Ministerio Público.
Asimismo, expresidentes de distintos colegios de profesionales presentaron un amparo en contra de la fiscal general y de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Porque atentan contra el proceso electoral y los resultados del mismo.
Mezcla aspecto político por la fiscal
La petición de Porras llamó la atención porque la presentó horas después de que se conocieron los planes para atacar al binomio electo, que involucra a agentes del Estado.
Sin embargo, el director de Acción Ciudadana, Eddie Cux, comentó que la solicitud de la fiscal no cumple con los requisitos mínimos formales. Y consideró que lejos de que sea una protección para las personas por posibles atentados de parte del poder público, la fiscal lo hace de forma contraria a los ciudadanos.
En la petición que hizo la jefa del MP adjuntó varios comentarios en Twitter (X) donde se pide su renuncia. Por las acciones que atentan contra la democracia por las acciones contra el proceso electoral, afectando al Movimiento Semilla.
Razón por la que Porras pide en la acción legal que “se mantenga la supremacía de la norma constitucional que garantiza al MP ejercer la persecución penal tutelada en la resolución del amparo provisional en el expediente 3985-2023, como su independencia y autonomía”.
Abogados comentaron que si bien los hechos que presentó la fiscal tienen relación con Semill. No se considera una amenaza real para que ejerza sus funciones, pues han realizado allanamientos y la cancelación del partido no cabe en este plazo.
Afecta la libertad de expresión
El abogado Edgar Ortiz consideró que si la Corte de Constitucionalidad hace que prevalezca el derecho, la petición de Porras tiene nulas probabilidades de prosperar, ya que no cumple con los requisitos básicos de los procesos. Pues no hay precisión, “No tiene ni pies ni cabeza”, dijo Ortiz.
El profesional indicó que puede ser una cortina de humo la medida de la fiscal con un fin político por las medidas cautelares que pide. Pero lo preocupante es que las críticas que se hacen a la gestión de la fiscal general se tomen como una amenaza a la libertad de expresión. En ninguna de las supuestas pruebas hay incitación a la violencia, en cambio la Fiscalía los puede percibir como posibles delitos.