Mediante un comunicado oficial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la Resolución 3/2023, “Derechos humanos, la instrumentalización del Sistema de Justicia y los graves riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala, ante la crisis política e institucional que vive el país actualmente.
Dicha crisis, “derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”, aseguró la CIDH.
Adopta Resolución
Según indica la CIDH, en dicha Resolución alerta a los Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional “sobre una inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder y la instrumentalización de la función constitucional de investigación de delitos por parte del MP con la finalidad de invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral”.
Por otro lado, la CIDH advierte que la instrumentalización de la justicia y el derecho penal en el país, “han puesto de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público”.
Recomendaciones
Tras lo antes expuesto, la CIDH formula una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala:
- “Insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho.”
- “Llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la persona titular de la Fiscalía General y el Ministerio Público compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución.”
- “Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas.”
- “Insta a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.”
* Con información de CIDH.