La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que deja sin efecto la sanción y promulgación del Presupuesto 2024, cuestionado por académicos, sociedad civil y cámaras empresariales, entre otros, por los riesgos que conllevaría para el pago de la deuda pública y por contener posibles focos de corrupción.
El pasado viernes, el presidente Alejandro Giammattei sancionó el decreto aprobado por el Congreso de la República el 30 de noviembre por Q124 mil 880 millones.
Dicho financiamiento sería ejecutado por el gobierno del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien requirió en dos ocasiones a Giammattei vetarlo.
El amparo fue requerido por la Fundación Pro-Bienestar del Minusválido (Fundabiem) y autoridades ancestrales.
Se conoció que la votación fue de 4 a 1, con el voto disidente de la magistrada Dina Ochoa y el argumento de la CC para otorgar la protección constitucional es que no se discutió y votó adecuadamente la enmienda 118.
La enmienda hace referencia a las asignaciones especiales dentro del renglón “Transferencias corrientes”, para entidades que prestan servicios de salud y fue planteado por el diputado de Vamos y presidente de la comisión de Finanzas, Cándido Leal.
Destacan resolución
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), consideró que la resolución de la CC “es una acción en la dirección correcta”.
El economista explicó que el amparo provisional evidencia posibles errores en el procedimiento de aprobación del Presupuesto 2024 y recordó que una inconstitucionalidad podría detenerlo, en definitiva, pero únicamente se aplica cuando es una ley o normativa que ya entró en vigencia.
Para Renso Rosal, analista político, la resolución de la CC no es por voluntad, sino por la presión del Gobierno de Estados Unidos, así como el descontento popular demostrado en octubre, y recordó el llamado que hizo la semana pasada para que se respete la voluntad de los guatemaltecos en las urnas.
Focos de corrupción
Varios sectores del país expresaron su oposición al Presupuesto 2024, como principal punto por la necesidad que tendría el Ministerio de Finanzas de recurrir al Congreso para la aprobación de la colocación, renegociación y negociación de Bonos del Tesoro, lo que dificultaría el pago de la deuda pública.
Además, identificaron enmiendas que introducían obras no contempladas en el proyecto formulado por el Ejecutivo y cuya verificación era imposible por la caída de Guatecompras y el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin).
En su momento, diputados de la bancada Movimiento Semilla y Winaq plantearon objeciones al presupuesto ante el pleno del Congreso, argumentando que al tener el Ejecutivo que recurrir al Legislativo se violentaba la independencia, así como la subordinación de poderes.