La sesión plenaria del Congreso de la República, llevada a cabo el 30 de noviembre, generó profunda indignación al evidenciar cómo la mayoría de los diputados modificaron de manera significativa la propuesta del Presupuesto General de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024, que asciende a Q124,880 millones. Lo que debería haber sido un instrumento para el desarrollo, se transformó en una distribución de recursos para los “allegados” y obstaculización para el nuevo gobierno. La aprobación del decreto 18-2023, respaldado por 115 votos, eliminó Q2 mil millones destinados al pago de la deuda pública y la adición de Q2,226.4 millones en comunicaciones, para proyectos y organizaciones que ni siquiera fueron evaluados. Además, se redujeron los fondos en sectores críticos como salud (Q393 millones), desarrollo social (Q292 millones), agricultura (Q104.3 millones) y gobernación (Q282 millones). Este último sector desempeña un papel crucial en el logro de una seguridad más sólida y efectiva para Guatemala. Sin embargo, para la mayoría de los parlamentarios, parece no ser prioridad.
La semana pasada, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), como parte de la Coalición por la Seguridad, presentó el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) correspondiente al mes de octubre de 2023, junto con un enfoque estratégico de tres áreas prioritarias para abordar los desafíos de seguridad en el próximo gobierno. El IDD es una herramienta que se actualiza cada mes y sigue las denuncias de nueve delitos específicos. Se divide en dos subíndices: delitos contra la persona (homicidios, lesiones, violaciones y secuestros) y delitos contra la propiedad (extorsiones y robos de vehículos, motocicletas, furgones con mercadería y a viviendas). El IDD proporciona una radiografía del comportamiento de la seguridad ciudadana y preocupa que haya experimentado un aumento del 1.6% hasta octubre de 2023. Esto se atribuye, principalmente, a un incremento del 6% en los delitos contra las personas, mientras que los delitos contra la propiedad disminuyeron en un 2.6%.
La tasa interanual de homicidios alcanzó los 16.4 por cada 100 mil habitantes, con un aumento en octubre de 2023. Además, las lesiones también se incrementaron, llegando a 16.1 personas lesionadas por cada 100 mil habitantes. El informe reveló que el 13% de las víctimas de homicidio eran mujeres y el 3% menores de edad. En cuanto a la extorsión, aunque las denuncias disminuyeron en octubre de 2023, la tasa interanual continuó aumentando, situándose en 97 denuncias por cada 100 mil habitantes.
En la última década se han realizado mejoras en la seguridad ciudadana. Sin embargo, se reconoce que los esfuerzos actuales resultan insuficientes para abordar los desafíos continuos. La disminución histórica de delitos en 2020, debido a las restricciones pandémicas, se revirtió en años posteriores y los delitos contra la propiedad han alcanzado o superado las cifras prepandémicas en 2023. De acuerdo con las cifras de victimización, según el Proyecto Monitor Global de Emprendimiento (GEM), hubo un aumento del 13% al 17.7% de personas que fueron víctimas de delitos en el último año, entre 2020 y 2023.
El Ministerio de Gobernación (Mingob) tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la seguridad pública, manteniendo el orden y la seguridad de las personas y sus bienes. Para los siguientes años, el CIEN recomienda enfocarse en tres áreas específicas: prevención del delito, Policía Nacional Civil (PNC) y Sistema Penitenciario (SP).
En Guatemala, la prevención del delito involucra a instituciones como la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) y el Tercer Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito del Mingob, junto con la Subdirección General de Prevención del Delito (SGPD) de la PNC. La UPCV se centra en Organización Comunitaria y Prevención de la Violencia Juvenil, con énfasis en Juntas de Participación Juvenil y Escuelas Seguras. Sin embargo, la falta de seguimiento estratégico limita la evaluación de impacto. La implementación del Modelo Policial de Seguridad Integral Comunitaria (Mopsic) se ha visto obstaculizada y se destaca la necesidad de una estrategia más efectiva de recolección y análisis de información. Es necesario evaluar los distintos proyectos, dejar los que tienen un impacto positivo y contar con las mejores prácticas.
La PNC, con 40,507 agentes, se enfrenta a desafíos en la calidad del reclutamiento y formación, con una tasa de 23 policías por cada 10 mil habitantes. Se propone realizar evaluaciones y revisiones de protocolos, analizar y sistematizar la normativa vigente, diseñar un plan integral de seguridad ciudadana, modernizar la Academia de la PNC, mejorar el control interno y desarrollar un nuevo modelo de gestión basado en metas y resultados. Es esencial fortalecer la investigación criminal y la inteligencia policial, así como el uso de la tecnología. Es importante que las autoridades tomen decisiones de políticas públicas en seguridad ciudadana con base en datos y así implementar intervenciones exitosas para reducir la incidencia criminal en el país.
En el SP, la tasa de ocupación penitenciaria es del 347%, con una población de 23,745 reclusos. La falta de inversión en infraestructura penitenciaria ha generado problemas, incluyendo la coordinación de delitos desde las cárceles. El control telemático requiere atención y comunicación para que avance el número de privados de libertad que puedan usarlo. Urgente dar seguimiento a la construcción de infraestructura, contar con una cárcel de máxima seguridad, expandir el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y capacitar y evaluar periódicamente al personal.
En resumen, los recientes eventos legislativos y los retos en materia de seguridad en Guatemala requieren una acción coordinada y estratégica, integrando medidas preventivas efectivas y mejoras en la gestión policial y penitenciaria para obtener resultados significativos. La sociedad guatemalteca espera una respuesta integral y comprometida ante estos desafíos. ¿Ha mejorado la seguridad ciudadana en los últimos años? ¿Siente más confianza en las fuerzas de seguridad? ¿Cómo pueda cada ciudadano prevenir la violencia y el delito?