El diputado Ronald Portillo, junto a legisladores del bloque Vamos, presentaron el 19 de junio una iniciativa de ley de reformas al sector justicia para la protección ciudadana, cuyo principal objetivo es fortalecer la seguridad pública y velar por la integridad de los guatemaltecos que se desarrollan en este ámbito.
La propuesta de decreto busca fortalecer la actuación de la Policía Nacional Civil (PNC) y también para garantizar el ejercicio de la función pública que ejercen los operadores de justicia en Guatemala.
“El objetivo es fortalecer la seguridad pública y velar por la integridad de los guatemaltecos que se desarrollan en este ámbito. Para ello, es fundamental actualizar las causas que los eximen de la responsabilidad legal en los casos de legítimo ejercicio del cargo y en defensa de la ciudadanía, para que puedan actuar sin ser sujetos a prisión preventiva, siempre y cuando actúen en defensa de la vida, la libertad o la propiedad de las personas”, describe el congresista.
El legislador Portillo expuso que hay una necesidad ciudadana de poder mejorar la seguridad en el país. Esta iniciativa surge ante el aumento de los hechos de violencia y para garantizar la protección de los guatemaltecos, y que las fuerzas de seguridad actúen conforme a la ley.
Esta propuesta abarca diferentes conceptos y está basada en un estudio de análisis técnico en materia internacional de cómo actúan las fuerzas públicas en otros países, manifestó el parlamentario Portillo.
La misma consta de tres temas importantes; el primero es que la PNC actúe en cualquier situación donde se pone en riesgo la vida, la libertad y la propiedad de la ciudadanía guatemalteca; el segundo aspecto a resaltar es un aumento de penas, en donde las fuerzas de seguridad abusen o excedan su función en el cargo que poseen.
Asimismo, cuando incumplan en el deber para el cual han sido nombrados y por último, generar programas de atención tanto psicológica, legal y económica para aquellos equipos de trabajo, fuerzas de seguridad y operadores del sector justicia que han sido víctimas de atentados o han sido amenazados en el ejercicio de la función pública.