El Gobierno de la República de Guatemala informó por medio de un comunicado que presentó una solicitud de retiro de antejuicio de Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, Walter Paulino Jiménez Texaj y Luis Alfonso Rosales Marroquín, magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad, quienes fueron denunciados por el delito de prevaricato, señalaron.
Se entiende como prevaricato al delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley, también es una manifestación de un abuso de autoridad.
En esa perspectiva, el Gobierno sostiene que los magistrados antes descritos omitieron pruebas documentales incluidas dentro del proceso de Amparo 3156-2024, entre las cuales constaban informes auténticos generados por la Superintendencia de Bancos que establecen que el Jorge Mondal no reúne los requisitos exigidos por el artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco de los Trabajadores para ser presidente del Bantrab.
“No trabajó 10 años en el sistema bancario nacional previo a ser nombrado. El Gobierno de Guatemala ha sido respetuoso de las resoluciones emitidas por la CC, a pesar de que en varias ocasiones no ha comulgado con su criterio”, describen.
Así mismo, sostienen que no consentirán resoluciones jurídicas que ignoren hechos totalmente establecidos, dejando impunes a sus autores, ni pasará por alto resoluciones que provoquen desprestigio al sistema financiero del país.
Según el artículo 17 de la Ley Orgánica del Bantrab, el presidente debe llenar los siguientes requisitos para ocupar el cargo: ser auditor público, perito contador o “cuando menos haber laborado 10 años en el Sistema Bancario Nacional”. Mondal no cumplió con las calidades, pero en declaración jurada aseguró tenerlas. Extremo por el que fue destituido y denunciado el pasado 22 de mayo por la Presidencia al incurrir en los presuntos delitos de falsedad ideológica y perjurio.