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Salud ha detectado 70 casos de sustracción de medicamentos e insumos

Autoridades y sociedad civil coinciden en efectos negativos que inciden en la atención de pacientes.

La sustracción de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos del Hospital Nacional de Amatitlán, valorados en Q3.2 millones, denunciada el pasado lunes es el caso más reciente de aproximadamente 70 que ha contabilizado el Ministerio de Salud este año en diferentes hospitales públicos, evidenciando una práctica que, según autoridades y expertos, merma la capacidad del sistema para atender a los guatemaltecos.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) detalló que aún no ha realizado un reporte final de las pérdidas financieras que esto representa y aseguró que los casos también se han planteado como denuncias penales. Según las autoridades del MSPAS, se tomaron medidas de prevención para atacar ese fenómeno.

“La creación de unidades de transparencia y anticorrupción en cada unidad ejecutora. Capacitación de enlaces dedicados a la lucha anticorrupción en cada unidad ejecutora. Contratación de un grupo de analistas dedicados a tiempo completo a monitorear los eventos de compras en Guatecompras. Publicación del código de ética a todo el personal del Ministerio de Salud”, detalló Comunicación Social.

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Merma capacidad

Julio Herrera, director de la organización de la sociedad civil Red Ciudadana, consideró que la sustracción de medicamentos e insumos en hospitales públicos es un problema crítico para el sistema de salud en Guatemala.

“Estos actos de corrupción dañan directamente la capacidad del sistema para atender a los ciudadanos, afectando tanto la disponibilidad como la calidad de los servicios de salud. Al desviar recursos esenciales, cada medicamento robado representa una vida que podría estar en riesgo y un paciente que podría no recibir el tratamiento necesario”, lamentó.

Agregó que, desde Red Ciudadana, han explorado el uso de tecnologías, como inteligencia artificial y análisis de datos, para detectar patrones anómalos que podrían alertar irregularidades en el sistema de suministro. Estas herramientas pueden analizar grandes cantidades de datos y advertir a los funcionarios al detectar actividades sospechosas como cambios abruptos en el inventario de medicamentos.

“Adicionalmente, la creación de plataformas digitales de transparencia en la gestión de insumos médicos permitiría un monitoreo constante en tiempo real, no solo por las autoridades, sino también por la ciudadanía. Con acceso a esta información, los ciudadanos pueden involucrarse activamente en la fiscalización de los recursos públicos, generando una auditoría social constante que refuerce el control sobre el sistema de salud”, puntualizó.

“Fenómeno de corrupción”

El MSPAS explicó que si el patrimonio destinado para el tratamiento médico de los guatemaltecos es desviado hacia particulares o empresas, el resultado es una merma en la capacidad de atención a la ciudadanía y atribuyó en parte a estas prácticas la crisis hospitalaria provocada por la falta de insumos.

“Mucho de lo que sucede en la crisis hospitalaria es que los recursos se distraen en actividades de corrupción de todo tipo, desde sustraer medicamentos hasta edificar obras sobrevaloradas, entre otros. Hay todo un fenómeno de corrupción que impacta en la capacidad de dar una atención digna a la población guatemalteca”, destacó.

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El MSPAS insistió en que trabaja para aplicar medidas correctivas y preventivas que impidan estas prácticas.

Algunos casos

El 4 de noviembre, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos hombres en Amatitlán por su posible vinculación con la sustracción de medicamentos e insumos del hospital nacional ubicado en ese municipio. El caso es atribuido a una estructura criminal supuestamente integrada por bodegueros, personal administrativo y de enfermería, el cual sustraía medicinas en mochilas en los ingresos y salidas del centro hospitalario para trasladarlas a farmacias particulares.

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En abril, tres trabajadores del Hospital General San Juan de Dios fueron capturados por su presunta responsabilidad en la sustracción de medicinas utilizadas en pacientes con cáncer valoradas cada una en un rango de Q300 a Q24 mil.

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