Durante la gestión del presidente Bernardo Arévalo, la cual aún no supera su primer año, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) ha tenido dos ministros al frente de la cartera. Ambos administraron la institución con una red vial en mal estado heredada y sombras de posibles casos de corrupción del pasado que plantean un escenario complejo en el corto plazo.
El socavamiento en el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla y el colapso del puente Nahualate en el kilómetro 136.5 de la ruta al Suroccidente, en Chicacao, Suchitepéquez, son algunas de las emergencias que el Micivi atendió en lo que va del año, evidenciando el estado deteriorado de la infraestructura vial del país.
A esto se suman los posibles malos manejos en el pasado de las finanzas de la cartera. Según la Comisión Nacional contra la Corrupción, de 198 denuncias presentadas ante el Ministerio Público, 40 corresponden al sector de infraestructura, la mayoría planteadas por el Micivi.
Una herencia compleja
El analista político Enrique Godoy explicó la complejidad que conlleva la administración del Micivi, desde los compromisos financieros altos hasta contratos suspendidos vinculados a estructuras que buscan obtener ganancias de la cartera, algunas relacionadas con diputados y operadores políticos.
“Lo que está ocurriendo es que hay entre 70 y 75 empresas con contratos suspendidos que no pueden continuar, pero que si levantan la suspensión no alcanza el dinero para pagarles”, explicó respecto a una de las complicaciones latentes en la administración del Micivi.
Godoy detalló que esa dinámica heredada por el gobierno anterior fue a propósito para que el Ejecutivo acuda al Congreso de la República, ya que la situación podría desentramparse con una ampliación presupuestaria de Q10 mil millones, pero que beneficiaría a los propios diputados.
Además, advirtió de los riesgos que eso representaría y los discursos que se promueven del colapso de la red vial con la intención de empujar al gobierno para que acepte las condiciones y “abran el chorro”.
Se necesita diálogo
El excandidato presidencial Edmond Mulet argumentó que la corrupción y el uso de los fondos públicos para beneficios personales merma la capacidad de la cartera para atender la red vial.
Además, hizo énfasis en los presupuestos altos asignados al Micivi, ya que considera que se convierten en cifras atractivas para sustraer. Recordó que ese dinero debería utilizarse para nuevas obras y dar mantenimiento a las existentes.
“La corrupción en el Micivi es la más brutal y visible, por las cantidades de dinero que se manejan y porque todo el mundo la sufre al ver el estado de los caminos. Y esa corrupción existe en todas las instituciones públicas”, manifestó.
Por ello, Mulet propone que el presidente Arévalo convoque a un diálogo que permita encontrar soluciones y estrategias para la recuperación de la cartera y otras entidades afectadas por la corrupción.
“Extraer ese cáncer no es fácil, hay grupos que se benefician del sistema y se resisten a cambiarlo. Es urgente que el presidente convoque a un ABC -Acuerdo Básico de Consenso- para que toda la sociedad participe del esfuerzo para sacar al país de las garras de ese mal que nos está destruyendo”, propuso.
Exministro da panorama
El pasado viernes, el entonces ministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, presentó su renuncia a la cartera seis meses después de asumir, señalando varios de los retos que conlleva la administración de una de las instituciones con más presupuesto del organismo Ejecutivo y también con una amplia cifra de tareas pendientes.
“En los últimos 16 años, este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha consumido más de 100 mil millones de quetzales. Esto sale a razón de 6.4 mil millones de quetzales al año. Y, sin embargo, tenemos una infraestructura en pedazos. No hay infraestructura ni tampoco está el dinero”, advirtió.
En sus declaraciones señaló las dificultades relacionadas con el pago de sobornos para que las obras presenten avances o sean concluidas, así como otras prácticas anómalas detectadas durante su gestión.
“Si la forma de conseguir un camino es insistiendo, reclamando, el que va a tener más éxito es el que pague la coima más grande. Y eso es lo que sucedió en el pasado: Todo el mundo pasaba al despacho a pagar su peaje, a pedir sus favores. En esta gestión demostramos que sí se puede trabajar sin eso. Los propios contratistas, en este sector que es bastante oscuro, agradecen no tener que seguir poniendo ese peaje de 15% a 20%. Se puede hacer la obra pública y se puede hablar de contratos sin tener que entrar en ese negocio tan sucio”, explicó.