Con el objetivo de apoyar el combate a la corrupción en Guatemala, la Unión Europea (UE) entregó este jueves un donativo de 5 millones de euros a la CICIG.
La actividad en la cual se firmó el documento para acreditar de forma oficial la entrega de los fondos se llevó a cabo en la sede central del Ministerio Público (MP), ubicada en la zona 1 capitalina.
Se contó con la participación de Thelma Aldana, fiscal general y jefa del MP; Rebeca Arias, coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala; Stefano Gatto, embajador y jefe de la delegación de la UE en el país; e Iván Velásquez, titular de la CICIG.
El comisionado se refirió a las líneas de trabajo de la CICIG y el MP, las cuales indicó han permitido que en Guatemala se identifiquen cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que incluso se han apropiando de los recursos públicos.
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Por su parte, Gatto consideró que “no es imaginable que la corrupción desaparezca, porque responde a un problema ético que está muy ligado a la naturaleza humana”.
Sin embargo, según el embajador, aunque este flagelo no desaparecerá, sí se puede fortalecer las instituciones para luchar contra él. Añadió que la corrupción es un problema de todos.
Mientras tanto, Aldana consideró que ha habido avances en el combate contra la corrupción e impunidad en el país, los cuales se han dado con el acompañamiento de la CICIG.
Asimismo, Arias dijo que el donativo representa el respaldo de la comunidad internacional a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. “Quiero agradecer la generosidad del pueblo y los gobiernos que forman la Unión Europea por esta nueva contribución”, expresó.
Elaboran propuesta
Por aparte, Velásquez adelantó que se está trabajando en un proyecto de ley sobre justicia articulada, que permitiría la implementación de un sistema integrado basado en la interlocución de todas las instituciones involucradas en el tema. Con esto se lograría que exista un desarrollo coordinado entre ellas, agregó.
Explicó además que en la elaboración de la propuesta participan el Ministerio de Gobernación, el MP y la CICIG.
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